Aborto, ¿pecado o derecho?

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Por Pilar Caceres.

Asistimos en España a una fuerte polémica que enfrenta a ciertos sectores de la sociedad. Por un lado, aquellos que consideran  la autodeterminación individual como proyección de los derechos fundamentales que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar, como fundamento de una necesaria  reforma legislativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y, por otro,  los que, obviando dicha realidad, se erigen en defensores a ultranza de una determinada moral -la Iglesia Católica- , que en un Estado aconfesional como España,  suena algo contradictorio. Y es que  sus reverendísimos llegaron, en su día, al punto de introducir como nueva coacción, el “pecado  mortal público” a los que se aventuraran a apoyar, votar o promover la iniciativa legislativa aludida en los términos de derecho.

El derecho al aborto, lejos de suponer novedad alguna en cuanto al fondo, esto es, la interrupción del embarazo, ya regulada por la Ley , viene a actualizar esta realidad social, avalada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, así como la  Resolución 2001/2128(INI) del Parlamento Europeo,  con posterioridad a la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, reflejo de la actualidad social y jurídica de otras comunidades  más avanzadas.

La divergencia pierde su sentido, cuando se pretende imponer como decente, el rechazo desde una perspectiva sin sentido jurídico alguno, basada en una falsa moral en torno al concepto de la vida, que parecen obviar en otras situaciones sociales mucho más graves, como los conflictos bélicos, el hambre, la exclusión social etc., amenazando incluso como asesinos, con un marcado color medieval, a los que en el siglo XXI pretenden solidificar un Estado de Derecho muy avanzado ya en nuestro entorno, y que aquí parece colisionar,  todavía, con viejas inquisiciones.

La situación actual española, en este asunto, no se diferencia de la Europa de los veinticinco, encontrándose nuestro país dentro de los cinco primeros  en la práctica del aborto, siendo el mayor porcentaje de abortos – por mil –  en las primeras doce semanas de gestación: 112.138 en el año 2007 y  115.812 en el 2008; el informe «Evolución de la Familia en Europa 2006», subraya que cada 30 segundos se produce un aborto en la Europa de  los veinticinco. Realidad evidente, aunque la nunciatura española se empeñe en no tenerla en cuenta.

De ahí, el derecho al aborto, polémico para esas conciencias, ancladas en un conservadurismo propio de otra época, afortunadamente superada, resulte necesario en la sociedad de nuestros días; o dicho de otra forma, dar cumplida respuesta a la misma. Ya va siendo hora, de poner al día nuestro derecho, en concordancia con nuestro escenario social y obviar la hipocresía de un cónclave masculino que en los últimos años, especialmente, vienen erigiéndose en celosos guardianes de nuestra moral; hay que recordar que la dictadura católica franquista dejó paso a un Estado de Derecho, hace ya más de tres decenios, porque parece que determinados sectores de la curia española no han tomado conciencia de ello.

Pequemos o no para determinadas congregaciones religiosas, España está situada, salvo que Gallardón y el Opus lo impidan, en el marco normativo de la OMS, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STC 20-03-2007), la doctrina del TC al respecto (STC 212/1996) y el consenso general de la comunidad científica internacional, que sitúa el umbral de la viabilidad fetal, y basado en estudios de las unidades de neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación.

El proyecto del PP quiere retroceder a los años oscuros en los que las mujeres con dinero abortaban en Londres y las pobres en la clandestinidad, arriesgando incluso sus propias vidas. Si una menor de edad, recibe los sacramentos católicos, sin tener apenas uso de razón, cosa lícita en el Derecho Canónico, es capaz de decidir, en base a la Ley  41/2002 de Autonomía del paciente y  en nuestro Código Penal (art. 19), no  se instaura la imputabilidad de los menores de dieciocho años, sino que lo que se establece es una remisión normativa, por qué, en coherencia con dichos razonamientos jurídicos, no puede tener la última decisión a la hora de la interrupción voluntaria de un embarazo. ¿Existe en nuestra normativa una edad mínima que autorice las relaciones sexuales? ¿No sería mejor la educación sexual y la previsión con la elaboración de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como establece muy oportunamente el Proyecto de Ley?

Más que injuriar y amenazar, a  determinadas  instancias, deberían preocuparse más por los múltiples casos vergonzosos y repugnantes que aún padecen en el interior de ese reino de celibato y anacronismo. Por ejemplo, la pederastia.

Como ha establecido el Consejo de Europa, nuestro ordenamiento jurídico debe incorporar, de manera inequívoca, el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada.

El derecho la vida, esgrimido por la ultraderecha española y la Iglesia comandada por el Opus Dei, no sólo choca con la definición de «vida humana» del mundo científico, también es silenciado, como tal derecho, a la pobreza, la marginalidad y los abusos que sufre la infancia en nuestro país.

La ecuación jurídica desde la que se pretende retrotraer el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, responde a parámetros reaccionarios, los que caracterizan a la derecha nacional católica española.

 

 

 

 

 

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