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FARC propone prohibir criminalización de movimientos políticos

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La Habana, 17 sep (PL) La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que participa en la mesa de conversaciones con el gobierno de ese país propuso hoy aquí prohibir la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares.

Según las FARC, el derecho a la subversión, a cuestionar el orden capitalista y a ejercer la oposición contra las políticas del Estado y del gobierno, así como a proponer alternativas frente a éstas deberá garantizarse.

La insurgencia propuso defender la no estigmatización de los movimientos que practiquen estos derechos, y proscribir su criminalización.

Actuaciones en ese sentido de funcionarios públicos de alto nivel, así como de los medios de comunicación, merecerán especial atención y estarán sometidas al control social y la veeduría ciudadana, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, agregó la guerrilla.

Esta iniciativa forma parte de un grupo de propuestas que presentó la insurgencia sobre la cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional, así como el derecho a la protesta y la movilización.

El guerrillero Marcos León Calarcá, quien leyó el comunicado de las FARC, planteó también la prohibición al tratamiento militar de la protesta social y popular, y el desmonte del escuadrón Antimotines y Disturbios (ESMAD).

Además, Calarcá propuso la proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de «seguridad nacional» y avanzar hacia una cultura política democrática y participativa.

Según él, esto supone recuperar el valor y el significado de la política, y sustraerla del desprestigio a que ha sido sometida por la mayoría de los partidos y de los políticos profesionales en esa nación.

Para ello, se promoverán procesos de formación, educación y comunicación en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, añadió.

Calarcá volvió a plantear la exigencia de las FARC de permitir al guerrillero Simón Trinidad que se incorpore a la mesa.

Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos desde el 2004 y fue designado por las FARC como integrante de la delegación de paz.

El gobierno estadounidense no ha permitido su incorporación a las pláticas.

Los representantes de la administración de Juan Manuel Santos no hicieron comentarios a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de las conversaciones de paz desde noviembre del 2012.

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