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Una asociación de jueces cree que Rajoy quiere reeditar la Ley de vagos y maleantes del franquismo

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La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria ha considerado que el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es una enmienda que «no va en consonancia con la democracia».

Al anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana propuesto por el PP siguen saliéndole detractores. Si durante este martes ya se han manifestado en contra partidos políticos (PSOE e IU), plataformas sociales (PAH) y las redes sociales eran un clamor en contra de esta enmienda, ahora le toca a la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, quienes piensan que el Gobierno de Rajoy quiere reeditar la antigua Ley de vagos y maleantes del franquismo.

Según una información de Europa Press, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha señalado que este anteproyecto de ley orgánica parece una “ley de excepción” que “no va en consonancia con la democracia” y que “recuerda” a la Ley de vagos y maleantes, que fue aprobada en 1933 y se mantuvo durante el franquismo hasta 1970.

Tal y como ha afirmado Sexmero, habrá mucha protección de la seguridad en detrimento de la libertad ciudadana. También considera desproporcionada las multas previstas y ha asegurado que sobran muchas de las sanciones. Además, el portavoz ha apuntado que algunos contenidos en el anteproyecto son “innecesarios” porque son cuestiones ya reguladas por el Código Penal.

Aunque no ha sido la única asociación que se ha manifestado al respecto. La portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Lucía Girón, ha subrayado que «las medidas para garantizar la seguridad nunca pueden limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de manifestación o la libertad de expresión».

Otro portavoz, en este caso el de los Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, también considera que las multas son «absolutamente desorbitadas» y que el objetivo del Gobierno parece ser «desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales».

elboletin.com

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