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‘Justicia para Todos’ pregunta a Gallardón por los 103 millones de las tasas judiciales

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La ley de Tasas Judiciales cumple un año de vigencia y en este tiempo no se ha reducido ni un ápice la polémica que provocó su aprobación ya que se han confirmado los “peores augurios” de sus detractores. Por ello, la Plataforma Justicia para Todos, ha convocado concentraciones este mediodía ante la Juzgados de Plaza Castilla en Madrid, y ante las sedes judiciales de toda España para exigir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón su derogación.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, junto a la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, en la concentración en Madrid, a la que asistirán también miembros de la Plataforma Justicia para Todos constituida, además de por la Abogacía, por sindicatos, funcionarios, asociaciones de consumidores, Interasociativa de Jueces y Fiscales- entidad integrada por las principales asociaciones judiciales- y asociaciones de secretarios judiciales.

Además de en Madrid, se llevarán a cabo concentraciones ante las sedes judiciales de toda España.

La plataforma Justicia para Todos denuncia en el manifiesto social que han elaborado contra esta medida que consideran aleja a los ciudadanos de la Justicia que “no se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas” y aseguran que “la recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año”.

Además, denuncian que “el Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita” y que “se desconoce el destino de la recaudación por las tasas”, ya que “ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia”.

En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, se pregunta adónde va el dinero recaudado con las tasas. “El ministro ha hecho afirmaciones fraudulentas sobre que va a mejorar la Justicia Gratuita, ya que las partidas para el año próximo están congeladas a pesar de que la crisis ha incremento el número de personas que necesitan este servicio. Tampoco mejoran la Justicia en general. Tienen solo un afán recaudatorio y discriminatorio y por ello pedimos su supresión”. 

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