El acuerdo sobre el presupuesto de EE.UU. logró alejar al país de un nuevo cierre administrativo, pero estaría empujándolo hacia un colapso social.

La normativa plantea reducir el déficit en 23.000 millones en diez años sin aumentar los impuestos. Pero, ¿a qué precio?

“Lo único que he oído sobre la palabra ‘sequester’, signifique lo que signifique, es que afecta a la gente mayor”, dijo Anne Brown, una neoyorquina de la tercera edad.

Anne Brown, de 83 años, no conocía esa palabra pero comprendió su significado al abrir la primera carta que recibió del Departamento de Preservación de la Vivienda y Desarrollo de Nueva York. En la misiva la informaban de que el precio del alquiler de su piso de una sola habitación se triplicaría. En caso de no poder pagarlo, le daban la opción de abandonar los recuerdos del que fue su hogar durante 37 años y mudarse a un estudio de dimensiones diminutas.

“No puedo descartar la posibilidad de que esta práctica afecte de manera desproporcionada a la gente mayor y a los pobres, ya que las personas que están en el poder y toman estas decisiones saben que la tercera edad no puede luchar contra ellos”, subraya Norman Siegel, un abogado de los derechos humanos de Nueva York.

Este es el quid de la cuestión: el abismo fiscal se evita gracias al ‘sequester’. Un término de connotaciones apocalípticas que supone la confiscación de bienes y grandes recortes del gasto público. La estrategia es simple: el que no puede pagar, pierde.

“No tengo capacidades físicas ni financieras. ¿Qué voy hacer con mis muebles? ¿Dejarlos en la acera? No puedo permitirme guardarlos. ¿Qué hago con ellos? Toda mi vida está en este departamento”, dijo Anne Brown.

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