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Ruz cita al dueño de Mercadona, a una acusada de estafa y al suegro de un ex edil por la caja B del PP

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El juez inicia una investigación en profundidad sobre la contabilidad de 2008 de Génova 13 ante la aparición de nuevos inidicios que apuntan a un delito fiscal. Los tres empresarios y un cuarto no identificado aún han sido llamados como testigos al figurar como supuestos donantes en los ‘papeles de Bárcenas’.

En el caso de Juan Roig, el magistrado tiene intención de preguntarle por el apunte contable fechado el 27 de febrero de 2008 que señalaba a su empresa como presunta autora de una entrega irregular de dinero de 150.000 euros. Mercadona también aparecía en otra anotación manuscrita de 2004 por una supuesta donación de 90.000 euros, pero el juez ha apartado de sus pesquisas los ejercicios anteriores a 2007 al considerarlos ya prescritos.

Desde que El País revelase la presencia del nombre de la cadena de supermercados en los ‘papeles’ del ex tesorero, sus representantes siempre han negado que hubieran donado ninguna cantidad de dinero al PP e, incluso, enviaron un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que inicio las primeras pesquisas, para ponerse a su disposición para efectuar las aclaraciones que ésta considerase oportunas. Hasta este viernes, el juez Ruz no había considerado necesaria la comparecencia de Roig. Y la acusación que encabeza IU, que hace unos meses realizó una ampliación de querella que ha obligado a pasar como imputados a varios empresarios en las últimas semanas, tampoco la había pedido.

Identificada por una acusación

Diferente es el caso de Pilar Pulido, la segunda citada a declarar y a quien la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía aún no tiene identificada plenamente. No obstante, el juez Ruz recoge en el auto que en la ampliación de la querella de IU ésta fue señalada como una directiva de ADS Brokers, una empresa ya quebrada y que está siendo investigada por un juzgado de Madrid por una supuesta estafa piramidal que ha afectado a cerca de 4.000 pequeños ahorradores. Su nombre figura en los ‘papeles de Bárcenas’ como la presunta autora de dos entregas de dinero. La primera, en enero de 2006, de 12.000 euros. En ella, el extesorero escribió la fecha y la cantidad junto a la anotación “Pilar (Empresa Estudios) Pulido”. La segunda es del 20 de febrero de 2008 y la cifra supuestamente entregada mucho mayor: 36.000 euros. En ésta, el hoy político preso no añadió ningún comentario sobre la empresa a la que pudiera pertenecer. Es sobre esta última entrega sobre la que el magistrado quiere interrogarla ahora.

Algo parecido ocurre con el tercer citado a declarar, Luis Gálvez, que aparece vinculado a una supuesta entrega de dinero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008. El magistrado recuerda que aunque éste aún no está plenamente identificado, un informe de la UDEF apuntaba que podría tratarse del constructor Luis Gálvez Murcia, propietario de la constructora Ploder, una empresa cuyo nombre se ha relacionado en diversas informaciones periodísticas con varios escándalos ligados precisamente al ‘caso Gürtel’. Se da la cricunstancia además de que Gálvez es el suegro del que fuera concejal de Vivienda en el equipo de Gallardón entre 2003 y 2005, Sigfrido Hérraez. Este político madrileño abandonó su cargo en el consistorio en octubre de 2005, tras lo cual se vio envuelto en un escándalo de incompatibilidades y, más adelante, se vio salpicado por la investigación de una adjudicación a una empresa de la trama de Francisco Correa realizada cuando aún era edil.

La verdadera identidad del cuarto y último citado por el juez Ruz para que declare como testigo el próximo 5 de febrero es, sin embargo, un enigma. De hecho, el magistrado sólo recoge su nombre de pila y la inicial de su apellido, Adolfo S., que es como aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como autor de una supuesta entrega de 10.000 euros en junio de 2008. El magistrado pide en su auto a la Policía que investigue quién es. En los ‘papeles de Bárcenas’ si figura un Adolfo Sánchez que fue especialmente generoso con el PP entre 2006 y 2007, cuando donó cerca de 100.000 euros en siete entregas.

Sospechas sobre la compra de la sede de La Rioja

Todo esta batería de declaraciones surge del informe que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) entregó a Ruz el pasado lunes sobre sendos apuntes contables de 2007 y 2008 referidos a  extraños movimientos de dinero de Génova 13 con las delegaciones de su partido en La Rioja y Pontevedra, como adelantó este viernes en exclusiva Vozpópuli. Sobre éste último, la supuesta entrega por parte de un dirigente gallego de 50.000 euros al PP de Madrid tras el embargo de 160.000 euros de las cuentas de la formación nacional por una deuda en aquella comunicad autónoma, el magistrado pidió el jueves al partido nueva documentación contable referida a las cuentas en Galicia. Pretende con ello aclarar si dicha entrega fue en dinero negro.

Más concluyente fue la IGAE respecto a la transferencia de 200.000 euros que Génova 13 hizo a los ‘populares’ de La Rioja en mayo de 2008 para la adquisición y reforma de una sede en Logroño. El juez sospecha que ese dinero, que supuestamente viajó primero a Madrid en metálico para luego ser transferido como si se tratara de un envío legal, era ‘negro’ y que la maniobra sólo pretendía precisamente ‘blanquearlo’ para que pudiera ser usado en la adquisición inmobiliaria. Ruz ha citado por ello como testigos a los apoderados y al gerente del PP riojano en aquella época.

Es precisamente la fecha de dicho movimiento, el 26 de mayo de 2008, más el hecho de que ese año el PP no entregara el Impuesto de Sociedades correspondiente, lo que ha llevado al magistrado a ampliar las pesquisas a todas las notas referidas a aquel año. El presidente de Mercadona, la empresaria acusada de estafa, el constructor suegro del ex concejal madrileño y, si se le logra identificar, el misterioso ‘Adolfo S.’ tendrán que comparecer, precisamente, porque sus nombres o el de sus empresas figuraban en los apuntes contables que el extesorero situó en aquellos 12 meses que pueden ser ‘malditos’ para el PP.

vozpópuli

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