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La ecuación económica constitucional

En un pasado no tan lejano los defensores de la versión más genuina de la  economía de mercado, citaban con frecuencia  la Constitución Española para referirse a tal o cual derecho (la vida, la familia, la empresa…).

Por Pilar Cáceres*

Sin embargo, desde la llegada de los paupérrimos tiempos económicos que ese mismo modelo salvaje nos ha legado, y que aún vivimos con gravísimas consecuencias sociales para la mayoría de la población, parece no existir la misma Carta Magna, o, al menos, los voceros que antes la proclamaban para justificar sus intereses, sufren ahora de amnesia, queriendo dejar en manos de un mercado feroz y caótico la enrevesada tarea de remendar los gravísimos problemas que esa misma fábrica de desigualdades ha generado.

Mediante ley se podrá preservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Crecen las bolsas de pobreza, son cada vez mayores los porcentajes de familias con todos sus miembros en paro, disponemos de tasas de precariedad laboral de las más altas de la Unión Europea; muertes causadas por los cortes de energía del oligopolio energético, señalado por el fenómeno de las puertas giratorias, que reparte cada año suculentos dividendos entre sus accionistas, entidades bancarias que han tirado la piedra y escondido la mano para luego volverla a sacar, esta vez, cara arriba, dispuesta a recibir dinero público, y continuar restringiendo la capacidad financiera de los ciudadanos y seguir cosechando dividendos para una élite privilegiada.

A estos sectores, aunque minoritarios auténticos poderes fácticos, les falta la lectura, al menos el haber hojeado y ojeado, peor no leído, aquellos artículos constitucionales que permiten, desde los tres poderes del Estado, la construcción de un modelo económico y social más justo, democrático y avanzado.

Es extenso el texto que nuestra Norma Suprema contiene para dirimir con mayor justicia los tiempos adversos que vivimos, en economía, educación, cultura, medio ambiente, empleo, vivienda, etc. Destaca, por ejemplo, el artículo 128, apartados 1 y 2: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

La CE permite, además, de forma explícita, establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, fomentando las cooperativas como unidad empresarial, promover una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica orientada al pleno empleo; velar por el uso racional de todos los recursos naturales, defendiendo y restaurando el medio ambiente, para evitar la especulación irracional, antítesis de la solidaridad colectiva, todo ello, dentro de lo más importante, escrito para ser leído y aplicado en nuestra Constitución: estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

El derecho a la vida es también el derecho a tener una vivienda digna, un empleo bien retribuido, salud integral, educación, una redistribución justa de la riqueza que produce el país, un medio ambiente equilibrado y explotado racionalmente que haga aumentar la calidad de la existencia.

Es evidente que ese espíritu constitucional, no cuaja en las minorías poderosas que se han enriquecido con la dinámica de libre mercado: feroces intereses, especulación desproporcionada y mega plusvalías, con una nula intervención del Estado, cediendo cada vez más soberanía a entidades supraestatales y oligopolios económicos que se han ido adueñando de los sectores económicos fundamentales.

Su solución pasa por preservar los suculentos beneficios, obscenos en muchos casos, y reactivar la maquinaria productiva que los ha hecho poderosos. No entienden otra aritmética constitucional, por razones obvias.

Pues bien, la combinación de los anteriormente referidos preceptos constitucionales constituye la ecuación económica alternativa al laberinto económico  actual. La que puede llevarnos a diseñar un nuevo Estado Social de Derecho, democráticamente avanzado y más justo. Una nueva álgebra jurídica que desarrolle aquellos extensos apartados progresistas de nuestra Constitución.

El derecho a la vida es también el derecho a tener una vivienda digna, un empleo, salud, educación, una redistribución justa de la riqueza que produce el país, un medio ambiente equilibrado y explotado racionalmente que haga aumentar la calidad de la existencia.

Sólo falta la voluntad política para sacar de la pizarra constitucional el modelo idóneo y, con ello, hacer funcionar  la maquinaria económica y social de un país desarrollado en el siglo XXI.

*Jurista

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1 Comment on La ecuación económica constitucional

  1. maribel santana // diciembre 7, 2018 en 3:44 am // Responder

    Muy buen articulo, amiga May.. pero me temo que la voluntad política de los que existen hoy por hoy está tan lejos y ademas con intereses de todo tipo que no va a ser posible el asunto.

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