Presentan evidencias sobre evasión fiscal del líder opositor boliviano

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, presentó hoy documentos que implican al líder opositor y empresario Samuel Doria Medina en un supuesto caso de evasión fiscal con prejuicios económicos para el Estado.

Según estados financieros de 2005, la familia Doria Medina vendió ese año el 46,5 por ciento de las acciones de la fábrica de cementos Soboce -de la cual poseían casi la totalidad de las acciones-, a la empresa mexicana Cementos Chihuahua.

Reportaron que las ganancias por la venta fueron cerca de 80 millones de bolivianos -unos 10 millones de dólares entonces-, pero en verdad el dividendo fue de más de 36 millones de dólares por el cual debieron pagar mayores impuestos, expuso el vicejefe de Estado en conferencia de prensa.

Ha habido una defraudación fiscal a los bolivianos en el pago de impuestos, por lo cual deberá responder ante la justicia, argumentó García Linera.

Precisó que un mes antes de vender las acciones de Sobose, la familia Doria Medina creó en Panamá la empresa Akapana S.A para administrar sus bienes.

Fue esa entidad la que vendió a un precio mayor las acciones a Cementos Chihuahua, fuera del territorio boliviano, con lo cual evitaban el reporte de ganancias, para luego disolverla en 2008, indicó el vicejefe de Estado.

¿Qué papel tuvo la empresa Akapana S.A. en Panamá en la venta de acciones a la empresa Cementos de Chihuahua? ¿Es verdad que Sobose vendió acciones a dicha entidad -de la propia familia-, para luego venderlas a precios altos a la entidad mexicana? ¿Akapana sirvió para defraudar impuestos al pueblo boliviano?, preguntó García Linera.

Exhortó además a Doria Medina a responder ante la justicia ‘por qué no reportó el valor real de la venta de sus acciones a Chihuahua, por qué defraudó al Estado boliviano para no pagar impuestos y si sabe que tal actividad es un delito’.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene abierto un proceso contra el empresario y líder del partido Unidad Nacional

Una investigación encontró que en 1992, cuando era ministro de Planeamiento y Coordinación, Doria Medina desvió 21 millones de dólares del erario público a la empresa privada Funda-Pro.

La Fiscalía presentó la imputación formal contra el opositor y otras ex autoridades, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

PL

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