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Sindicatos españoles rechazan el ajuste exigido por la Unión Europea

Las principales organizaciones sindicales de España rechazaron hoy el ajuste de cinco mil 500 millones de euros que la Unión Europea (UE) exige a este país para cumplir con la senda de consolidación fiscal pactada.

España registro en 2015 un déficit público de 5,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y se comprometió con la Comisión Europea (CE, ejecutivo comunitario) a reducirlo a 4,6 por ciento este año; 3,1 por ciento en 2017 y 2,8 por ciento en 2018.

En una conferencia de prensa en Madrid, los líderes de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Álvarez, y de Comisiones Obreras (CC.OO.), Ignacio Fernández Toxo, reprobaron los nuevos recortes que reclama la CE para el próximo año.

Álvarez afirmó que el gobierno conservador de Mariano Rajoy debería apoyarse en el Congreso de los Diputados -donde no tiene mayoría- y plantear a la UE la renegociación de la senda de consolidación fiscal, con el objetivo de ‘ganar tiempo’.

Fernández Toxo, por su parte, apuntó que las centrales obreras son conscientes de que el escenario en el cual operarán es el marcado por los compromisos europeos.

Sería imprescindible que España contase al menos con un año adicional de flexibilidad para equilibrar las cuentas públicas, dijo el secretario general de CC.OO., quien al igual que su par de UGT pidió al ejecutivo re negociar el calendario de reducción del déficit.

De ser así, Madrid tendría hasta 2019 para disminuir su déficit por debajo del 3,0 por ciento establecido como tope por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del bloque comunitario.

Ambos dirigentes consideraron que, en el contexto económico y social actual, la acción de la nueva administración de Rajoy no debe mantenerse en el estrecho marco de la austeridad a ultranza que caracterizó su mandato anterior (2011-2015).

Abogaron por un plan de choque por el empleo que contribuya a generar puestos de trabajo sobre todo en aquellos colectivos más desfavorecidos, como son los jóvenes y los desempleados mayores de 50 años.

El líder de CC.OO. llamó a aprovechar la posición minoritaria del gobierno en el parlamento para paliar los efectos de la gestión de la crisis económica que sacudió a este país entre 2008 y 2013.

En esa línea, las dos centrales sindicales pidieron aumentar el salario mínimo de los 655 euros mensuales actuales a 800 euros en 2017, como parte de ese plan de choque por el empleo.

A su juicio, esta legislatura deberá combinar negociación con movilizaciones, porque sólo con diálogo será ‘muy difícil’ alcanzar los objetivos planteados, que pasan por revertir los recortes sociales y repartir los beneficios que se generan en esta nación ibérica

PL

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