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Decenas de miles de catalanes protestan contra judicialización de la política en España

Decenas de miles de personas salieron hoy a las calles de Barcelona en defensa de numerosos políticos catalanes encausados por la justicia española, debido a su actividad en favor del proceso independentista de esa región.

Los manifestantes, unos 80 mil según la policía de la ciudad condal, protestaron por el trato que reciben las instituciones de Cataluña por parte de los tribunales de España y el gobierno de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP).

Bajo el lema Por la democracia, la concentración contó con la presencia de todos los cargos públicos imputados por desobedecer a la justicia para impulsar el proceso de secesión de esa comunidad autónoma del noreste del país.

Entre esos políticos figuran el ex presidente regional Artur Mas, quien será juzgado por organizar en 2014 una consulta soberanista prohibida por el Estado, o la titular del parlamento catalán, Carme Forcadell, que permitió la aprobación de la hora de ruta hacia la independencia.

Son los casos más llamativos de centenares de causas abiertas contra consistorios, consejos comarcales y entidades municipales descentralizadas que apoyan la llamada desconexión de España de ese territorio, con una población de 7,5 millones de habitantes.

Según la Asociación de Municipios por la Independencia, el Estado español interpuso cerca de 300 denuncias contra ayuntamientos catalanes y en la actualidad se encuentran abiertos unos 13 casos por la vía penal por la misma razón.

Durante la manifestación se enumeraron una docena de leyes aprobadas por el parlamento autonómico, que luego fueron suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional (TC).

Muchas de ellas no tienen nada que ver con el proceso secesionista, como la destinada a paliar la pobreza energética, la prohibición de las corridas de toros o la de emergencia habitacional en contra de los desahucios.

La movilización apeló a la defensa de la democracia y a que los cargos investigados no hicieron otra cosa que acatar la voluntad popular, así como a la vulneración de derechos fundamentales que, a juicio de sus convocantes, está cometiendo el TC.

Con el gobierno del PP, se multiplicaron las causas judiciales vinculadas con el conflicto separatista, bien por organizar la consulta simbólica de hace dos años, retirar la bandera española en algunas dependencias o declarar laborable el día nacional de la nación ibérica.

Impedidos de hacer un referendo de autodeterminación considerado ilegal por el gobierno central, los dirigentes catalanes apostaron por emprender un proceso unilateral hacia la proclamación de una futura República Catalana.

El parlamento de Cataluña aprobó el pasado 6 de octubre una resolución para celebrar, a más tardar en septiembre de 2017, una consulta sobre la independencia con o sin la autorización del ejecutivo de Rajoy.

Presentada por el presidente regional, Carles Puigdemont, la propuesta de realizar un referéndum ‘vinculante’ recibió el apoyo de 72 de los 135 miembros del legislativo autonómico, dominado mayoritariamente por los partidos secesionistas.

PL

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