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CCOO alerta sobre la intención del Gobierno de minar la acción legislativa

La decisión del Consejo de Ministros de iniciar los trámites para plantear un conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional, cuando la mayoría de la cámara apruebe proposiciones de ley que no gusten al Ejecutivo, debe merecer la respuesta contundente de todos los grupos y también del movimiento sindical.

“Está en riesgo la función parlamentaria y uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia: la primacía del poder legislativo sobre el Ejecutivo; por eso quienes consideramos innegociable la estructura básica del sistema democrático no podemos permitir que esta legislatura se inicie con un golpe autoritario del Gobierno contra la acción legislativa.

En este contexto ¿qué podemos esperar de la oferta de diálogo social, si todo lo que no encaje en la estrategia del Gobierno podría ser vetado?”, ha manifestado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Cuando el Gobierno de Rajoy en funciones vetó en octubre una decena de iniciativas de la oposición, apoyándose en el artículo 134.6 de la Constitución, según el cual las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios necesitan la aprobación del Gobierno si afectan al equilibrio presupuestario, estaba mostrando ya sus verdaderas intenciones. La Mesa del Congreso ignoró las advertencias del ejecutivo y decidió seguir adelante “porque los vetos no estaban justificados”.

En consecuencia, la proposición del PSOE sobre la LOMCE (poner en marcha el calendario de su paralización) fue votada por todos los grupos, salvo el PP, y se admitió a trámite. Lo mismo cabe decir de otra proposición de modificación del Estatuto de los Trabajadores que aún no se ha votado.

Con estos precedentes, cabría preguntarse si la actitud del Ejecutivo en el debate de los PGE 2017 será la misma cuando afecte a partidas concretas de empleo, pensiones, desigualdad, educación, sanidad o políticas sociales, porque así las cosas la actividad parlamentaria sería un espejismo.

Pero el Gobierno vuelve a la carga, y el viernes el Consejo de Ministros acordó dirigirse a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de ignorar el veto del ejecutivo, algo que presumiblemente no hará, y todo indica que el conflicto de competencias acabará en el Tribunal Constitucional.

En opinión de CCOO, no estamos ante un incidente más. Se trata de saber si la legislatura que ahora comienza rompe el recurso abusivo al decreto ley que la mayoría absoluta del PP impuso en el anterior mandato, devaluando, cuando no negando, el debate parlamentario, o se impulsa un proceso amplio y plural de diálogo político y social para buscar el acuerdo, y de no ser posible este, hacer valer la primacía de la acción legislativa en un contexto de agrupamientos parlamentarios dinámicos y cambiantes.

“Si finalmente, el Gobierno vuelve a las andadas y mientras habla de diálogo actúa contra el mismo, valiéndose de argucias técnicas, las fuerzas políticas y sociales deben actuar sin miramientos en defensa de la naturaleza misma de la democracia parlamentaria, para convencer al Ejecutivo de que la primacía de la acción legislativa no es negociable, y que debe participar en el diálogo abierto entre todos los grupos con la autoridad que tiene como partido con mayor número de escaños. De lo contrario estaríamos ante un trágala inaceptable”, concluye Toxo.

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