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CCOO pide la libertad y absolución para los más de 300 sindicalistas imputados por ejercer el derecho de huelga

El próximo día 23 de Noviembre Pedro Galeano, trabajador en el Ayuntamiento de Coslada, afiliado a CCOO, será juzgado por ejercer el derecho de huelga. La fiscalía pide tres años de prisión por participar en la huelga general del 29 de Marzo de 2012. Galeano es uno de los más de trescientos sindicalistas imputados en toda España, algunos ya condenados.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT, ha constatado la represión del ejercicio de derecho de Huelga en España, y da la razón a la queja interpuesta por CCOO y UGT, en 2014, que denuncia que el articulo 315.3 del Código Penal español y sus aplicación práctica por parte del Ministerio Fiscal vulnera y lo sigue haciendo tras la reforma del 2015, los convenios de la OIT , relativos al derecho de libertad sindical y derecho de huelga.

Las sanciones penales por actos de huelga, las condenas desproporcionadas, la amenaza de prisión, las multas , el tiempo de espera a la fecha del juicio, que sufren las familias, las acusaciones vertidas por parte de las autoridades policiales, el Ministerio Fiscal y determinados órganos de la Jurisdicción Penal, son los instrumentos que el Gobierno del PP, ha puesto en marcha, para aplicar la reforma laboral de 2012 y para restringir el derecho de huelga y la libertad sindical.

Las reformas laborales han modificado el marco de las relaciones laborales, cuestionando la negociación colectiva y debilitando la acción sindical, simultáneamente al incremento del poder empresarial, la devaluación del empleo , los salarios y las condiciones de trabajo, la reducción en de las prestaciones sociales, el deterioro de lo público, en resumen el aumento de la desigualdad y la pobreza y un profundo retroceso de las condiciones de vida y de trabajo, como todos los estudios y análisis constatan.

El retroceso de las condiciones de vida y de trabajo han supuesto una grave deterioro de la democracia y una restricción de las libertades democráticas.

No hay dos sin tres, el trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, debía ir acompañada de una limitación de la democracia, de recortes sociales y de una “criminalización de la protesta” y de la resistencia frente a esas políticas neoliberales.

La Ley Mordaza, el Código Penal, el articulo 315.3, la limitación de las libertades, junto a todo el arsenal jurídico, institucional, mediático,…. son la otra cara de las políticas de austeridad.

Estas actuaciones contra los sindicatos han ido acompañadas de la ausencia de diálogo social y de la negociación colectiva, así como de una hostilidad antisindical y anti colectiva a través de un discurso que ha fortalecido el poder discrecional del empresariado y de las élites económicas y financieras.

Si repasamos los hechos por los que son imputados los trabajadores y trabajadoras , descubriremos la manipulación de los hechos y la exacerbación de las opiniones hostiles contra los trabajadores y contra los sindicatos.

Sin embargo, a pesar de toda la artillería neoliberal, de la época de Thatcher contra los mineros ingleses, los sindicatos permanecen y los sindicatos siguen convocando huelgas para defender los intereses de los trabajadores y sus derechos frente a los poderes públicos y privados, en la negociación de los convenios, contra los despidos, contra los expedientes de regulación

Teniendo en cuenta, la situación general del empleo, el debilitamiento del modelo social, la pobreza y el crecimiento de la desigualdad en sus diversas manifestaciones, el retroceso de las libertades y garantías publicas y la crisis institucional, en general la nueva situación política, es urgente y necesario superar lo ocurrido en los últimos años, y ello exige erradicar las políticas que lo hicieron posible.

La presencia activa del sindicalismo de clase tiene un papel clave en el cambio de las políticas de austeridad y recortes.

El Gobierno debe cumplir los compromisos de indultar a todos los sindicalistas, tal como se comprometieron los anteriores Ministros de Justicia.

La situación que atraviesan los trabajadores, para la defensa de sus condiciones de trabajo, obliga a una reforma urgente del actual marco penal que sanciona el ejercicio del derecho de huelga y exige revisar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal, así como la práctica judicial que conduce a una demora rechazable en la tutela judicial de la libertad sindical.

Es hora también de que las fuerzas políticas en el Parlamento, exijan la derogación de estas leyes y conductas dictatoriales, que se pusieron en marcha para frenar y criminalizar la protesta de los trabajadores y trabajadores y adaptar las medidas necesarias que garanticen en nuestro país los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga.

No hay democracia sin derecho de huelga.

Libertad y absolución inmediata para Pedro Galeano y todos los compañeros y compañeras, imputados y procesados.

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