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Reforma constitucional amenaza a indígenas en Guatemala

La propuesta de reforma del artículo 203 de la Constitución Política de Guatemala representa una amenaza para los pueblos originarios en este país y contra sus intereses, advirtió hoy el abogado Benito Morales.

Para el representante del grupo de coordinación política del Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente (CPO), este mecanismo legal que pretenden implementar permitiría a la clase político-económica en el poder dominar el derecho de las naciones originarias y someterlo al que ellos defienden -de matriz occidental- con tal de decidir en las tierras comunitarias.

‘Están implementando un mecanismo legal para controlar el derecho de los pueblos indígenas a su propio derecho y de decidir en nuestros territorios’, afirmó, en respuesta a Prensa Latina.

Pero a su vez, opinó, ‘con esa reforma impiden a los pueblos originarios juzgar cualquier acto de personas foráneos que atente contra la vida, el territorio, los bienes naturales, u otros’.

‘Tendrías que leer como están planteando esa reforma y la trampa incluida en ella’, sugirió el jurista e insistió en que ‘hasta discriminatorio es este proyecto, puesto que reduce a menores límites la capacidad de los pueblos originarios’.

‘La pregunta es: por qué el estado (ladino) nos juzga y nosotros no podemos juzgarlos?’, reflexionó Morales, quien teme porque algunos representantes de los originarios no comprendan el rejuego de los impulsores del proyecto de cambio en la Carta Magna.

‘De pena, no se dan cuenta de eso, o no quieren darse cuenta. Pero no el movimiento indígena, me refiero a ciertos líderes’, acotó, aunque matizó que tal vez en esas actitudes esté de fondo el lamentable modus vivendi en un país signado por la pobreza y la incertidumbre ante tanta violencia, incluso estatal.

Mientras en las redes sociales aparecen mensajes como el de la organización JusticiaYa, una de las protagonistas de las protestas pacíficas anticorrupción en el año 2015, que lanzó el hasgtach #RetoReformas y algunos definen su voto favorable al proceso de cambio constitucional al sector justicia.

A juicio de los que respalda esta postura, tras los debates en amplias mesas organizadas en distintas ciudades de Guatemala con ese fin, el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos mayas y el solo reconocimiento de su jurisdicción es un paso en el camino hacia el fin de las desigualdades y el racismo.

Otros también hacen referencia a la importancia de regular a quienes administran la Justicia, para que lo hagan respetando el bien común, y no amparando la impunidad y la corrupción.

PL

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