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JpD y CCOO quieren acabar con las trabas que impiden el acceso universal a la justicia

En la reunión que mantuvieron ayer sendas delegaciones de Jueces para la Democracia y CCOO, se abordó la necesidad de reforzar las alianzas sociales, profesionales y sindicales para revertir las reformas más regresivas del Gobierno.

La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) y CCOO mantuvieron ayer una reunión para reflexionar sobre el actual momento político y evaluar las posibilidades de responder conjuntamente a los retos de la nueva legislatura. Ambas organizaciones detectaron un amplio grado de acuerdo.

Aunque ya habíamos coincidido en varios actos, el más reciente el Congreso de AUGC, tuvimos la oportunidad de conocer mejor al nuevo Portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega. A la reunión asistió también Begoña López Anguita, miembro de su Secretariado, y por parte de CCOO, Fernando Lezcano, portavoz y secretario de Organización y Comunicación y Empar Pablo, secretaria de Movimientos y redes sociales del sindicato.

Ambas organizaciones coincidieron en el análisis de la situación, manifestando su preocupación por la continuidad de las políticas en materia laboral, social y legislativa del Gobierno y constataron el poco margen para la negociación y el acuerdo expresado por el presidente del Gobierno en sus recientes comparecencias; en este sentido, JpD y CCOO creen que para revertirlas es necesario reforzar las alianzas sociales y activar una movilización democrática que acompañe a la actividad parlamentaria, más proclive a mayorías más dinámicas y críticas con las medidas del Ejecutivo.

Entre otros temas, se habló de los graves problemas de recursos humanos y técnicos del sistema judicial, para hacer frente a las demandas sociales de la ciudadanía, y a los intentos de imposición de tasas que dificultan o impiden el acceso universal a la justicia.

A tenor de la moción presentada ayer por parte del Grupo Parlamentario Socialista para la derogación de la llamada Ley Mordaza, se señaló que amparándose en proyectos legislativos como la Ley de Seguridad Ciudadana, y la reforma del Código Penal que entraron en vigor el 1 de julio de 2015, se han incorporado al ordenamiento jurídico mecanismos de control que ponen en cuestión el ejercicio de derechos fundamentales (libre sindicalización, huelga, movilización, derecho de asociación…).

Con todo ello, se habló también de la importancia de impulsar la Cumbre Social estatal como espacio común para canalizar todas estas reivindicaciones.

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