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La tarifa del agua oscila hasta un 349% de acuerdo a un estudio de FACUA en 28 ciudades españolas

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes y penalice los consumos excesivos.

La tarifa del agua varía hasta un 349,3%, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2016 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla). Estas variaciones suponen hasta 453,60 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15mm, entre los 48,62 euros que se pagan al mes en Alicante (la ciudad más cara en esta categoría) y los 10,82 euros de Valladolid. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El análisis de FACUA toma como referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como los que cuentan con un contador de 15 mm pagan prácticamente lo mismo que en 2015, dado que la bajada media de precios es de apenas el 0,1%. De hecho, tan sólo siete de las ciudades analizadas han aumentado sus precios en 2016, mientras que 19 las han congelado y en dos ciudades han bajado las tarifas.

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Este elemento está directamente vinculado con el ahorro y el despilfarro del agua y el sistema tarifario que lo contemple es más equitativo para la ciudadanía.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Diferencias desproporcionadas

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 29,34 euros al mes, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros, Barcelona (empresa mixta), 23,48 euros, Huelva (empresa mixta), 22,44 euros y Alicante (empresa mixta), 21,98 euros.

En el otro extremo se encuentra Valladolid, con un modelo de gestión privado, que no ha modificado sus tarifas, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, el precio del agua es de 10,82 euros al mes. Le siguen Zaragoza (gestión pública), con 11,31 euros, Salamanca (gestión privada), 12,49 euros, Logroño (gestión pública), con 13,692 euros y Pamplona (gestión pública), con 13,64 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm, las tarifas más caras mensuales son las que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde tan sólo el 0,26% de la población tienen instalados contadores de 15mm, Murcia 29,34 euros y Huelva (24,31 euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.

Este mismo consumo con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).

En siete de las ciudades analizadas han aumentado los precios en 2016. En algunos casos, por modificación de las propias tarifas, mientras que en otros las tarifas se mantienen pero suben los cánones locales o autonómicos que se aplican. Las ciudades que suben sus tarifas son Pamplona (2,1%, por la subida de los cánones), Bilbao (1,5%), Jaén (1%, por la subida de los cánones), Santander (0,5%), Cádiz (0,3%, por los cánones), Huelva (0,2%, por los cánones) y Sevilla (0,2%, por los cánones).

Número de residentes de la vivienda

FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.

En la actualidad, sólo dos de las ciudades analizadas -Málaga y Sevilla- disponen de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda.

Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como A Coruña y Barcelona.

En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos. FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.

Bonificaciones

La gran mayoría de las ciudades analizadas cuentan con bonificaciones o exenciones para determinados perfiles de consumidores, en su mayoría para familias numerosas, jubilados o pensionistas y domicilios con todos sus habitantes en situación de desempleo. Tan sólo Logroño, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza no cuentan con ningún tipo de rebaja o bonificación.

Además, algunas ciudades (Alicante, Barcelona, Sevilla, Huelva y Málaga) cuentan con un fondo social o fondo de solidaridad para ayudar con el pago de sus facturas a familias en situación de dificultad económica.

Por otro lado, algunas ciudades premian el ahorro con exenciones o descuentos (Madrid, Málaga) o el bajo consumo (Córdoba, Sevilla, Valencia)

Cánones

La mayoría de las ciudades analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones, que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración.

Tan sólo ocho ciudades no incluyen cánones en sus tarifas: Bilbao, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza.

En seis ciudades, los usuarios pagan en 2016 más que en 2015 por el incremento de los importes de los cánones que aplican: Cádiz, Huelva, Jaén, Pamplona, Santander y Sevilla.

Diferencia injustificada en las tarifas de los calibres de contador

De las veintiocho ciudades analizadas, seis cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento y/o saneamiento en función de si el calibre es de 13 o 15mm. Los importes se incrementan al aumentar el calibre en Alicante, Castellón, Granada, Huelva, Madrid y Valencia. En el caso de Alicante, hay que destacar que el número de contadores de 15 mm es del 0,26% del total de contadores.

FACUA cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones técnicas de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como el Canal de Isabel II y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.

Así, Canal de Isabel II señala en un documento técnico que “en la práctica, desde un punto de vista constructivo, de capacidad metrológica y de transporte de aguas, los contadores de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión”. Además, señala que “a veces, en algunos abastecimientos y por cuestiones históricas, los contadores de 13 y 15 mm se utilizan en viviendas de diferentes tipos”.

De igual manera, una resolución de Industria de Andalucía señala que no existen razones que justifiquen la diferenciación de precios entre ambos contadores cuando no existen diferencias constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. En este sentido, FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas.

Por otro lado, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

FACUA considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.

Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

FACUA considera que también deben quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarifique el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

Metodología

Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía, etc.

FACUA considera como cuotas fijas o de servicio aquellas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.

De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.

El estudio tampoco refleja la existencia de bonificaciones a las familias numerosas para dejar fuera las penalizaciones de consumos elevados, que en estos casos resultan justificados. De igual modo, no se han tenido en cuenta las tarifas para usuarios de rentas bajas.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han establecido dos consumos medios de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.

Según la ciudad, la facturación puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.

El estudio no recoge otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.

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