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CCOO al PSOE: “No se puede legislar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana a partir de la Ley Corcuera”

Para Empar Pablo, secretaria de Movimientos y redes sociales de CCOO, la iniciativa socialista para aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana tiene como positivo que hay que derogar la Ley Orgánica 4/2015, más conocida como Ley Mordaza, pero es “marcadamente insuficiente y tiene una visión casi exclusiva y peligrosamente orientada a la intervención policial”.

“Saludamos, claro está, la posibilidad de proceder a la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, más conocida como Ley Mordaza, pero se equivoca el PSOE si la nueva proposición de Ley pretende apoyarse en la ley Orgánica 1/1992, la llamada Ley de Corcuera, porque estaríamos reforzando la interpretación autoritaria de la norma con el claro objetivo de limitar, dificultar y/o impedir el ejercicio democrático de derechos constitucionales”, ha manifestado la responsable de Movimientos y redes sociales de CCOO, Empar Pablo, al término de una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista, a la que también ha asistido José Campos, responsable de Institucional de CCOO.

Posteriormente, las delegaciones de CCOO y UGT se han reunido con el grupo parlamentario de Unidos Podemos para valorar la toma en consideración de esta propuesta.

CCOO cree que la derogación de ley 4/2015 o Ley Mordaza implicará, sin duda un cambio positivo en nuestra legislación, y la supresión de toda una serie de medidas que son exorbitantes y particularmente restrictivas de los derechos de participación ciudadana. Igualmente se pondría fin a la denunciada práctica implantada de legalizar las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Sin embargo, y más allá de las modificaciones que pudieran introducirse en la tramitación parlamentaria, en ningún caso el modelo a partir del cual se tiene que construir una nueva Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana debe asentarse en la estructura normativa que acogió la ley de 1992.

En opinión de Empar Pablo el tratamiento de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos es, en la propuesta socialista, “marcadamente insuficiente y tiene una visión casi exclusiva y peligrosamente orientada a la intervención policial”. Por si fuera poco, el régimen sancionador incorpora una notable inseguridad jurídica, en buena parte de las infracciones que contempla y sobre todo, en los criterios de graduación, que pueden llegar a superar la cifra de 600.000 euros.

CCOO ha venido insistiendo en la necesidad de incorporar un principio preventivo mucho más intenso, y en el ámbito sancionador, garantizar la independencia, la preservación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, evitar los efectos particularmente nocivos de las sanciones a las personas con escasa capacidad económica, y el pleno, efectivo y accesible control judicial.

Por último, recuerda Empar Pablo, una ley de seguridad ciudadana debería asentarse en el más amplio consenso, para dar seguridad a una materia que desarrolla el modelo de libertades en nuestro país, algo que está lejos de lograrse con la propuesta socialista.

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