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Críticas al proyecto del Gobierno argentino que prohíbe excarcelación en numerosos delitos

Entidades estatales y no gubernamentales de Argentina cuestionaron el martes el proyecto de ley para impedir las excarcelaciones en un amplio rango de delitos que fue sancionado en noviembre de 2016 por la Cámara de Diputados y que comenzará a discutir este miércoles una comisión del Senado.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) advirtió en un comunicado de “la ineficacia del proyecto presentado y de los graves problemas que su aplicación traería aparejada, no solamente desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista práctico y de gestión”.

El Comité contra la Tortura, dependiente de la Comisión Provincial de la Memoria, también criticó el proyecto de ley por considerarlo “punitivista” y “regresivo”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Derechos y Garantías del Senado revisará este miércoles la iniciativa que modifica la Ley 24.660 sobre la Ejecución Penal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también acudirá al Senado para manifestarse a favor de esta medida impulsada por el legislador oficialista Luis Petri, que prohíbe la libertad condicional de los presos recluidos por homicidio, abuso sexual y secuestros extorsivos seguidos de la muerte de la víctima, entre varios otros delitos.

El proyecto, según la PPN, “elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y lo reduce a su mínima expresión para el resto”.

La entidad estatal, autónoma del Poder Ejecutivo y Judicial, advirtió que la construcción de las salidas transitorias, de semilibertad o de libertad condicional, se extienden “al secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, (y) trata de personas”.

Las excarcelaciones también serían incompatibles con delitos económicos, las condenas por la ley antiterrorista y sentencias por contrabando, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

“La lista es muy amplia y no se comprende cuál fue el parámetro de afectación tenido en cuenta para tal restricción, por cuanto se incluyen por ejemplo las condenas por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala”, afirmó la Procuración.

El agravamiento de las condiciones en el cumplimiento de las penas, el endurecimiento de la legislación penal, o el aumento de la población reclusa no repercuten en una mejora de la seguridad pública, recordó el organismo.

Por el contrario, la medida “contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados, contenidos en la actual ley”.

La normativa vigente en la actualidad ha sido reconocida por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y respeta las “Reglas Mandela”, como se conocen las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para el trato a los presos.

Argentina se encuentra además en una emergencia carcelaria “incontrolable”.

De sancionarse la reforma, el Gobierno de Mauricio Macri iría en contra de la reinserción social, que requiere un régimen de progresividad de las sentencias, concluyó la PPN.

Al ser aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto sólo fue apoyado por la alianza oficialista Cambiemos y por parte del Frente Renovador que conduce el diputado Sergio Massa, de índole peronista.

El Gobierno argentino pretende agilizar la reforma del Código Penal tras conocerse que el principal sospechoso de la violación y el asesinato de la joven activista Micaela García era un hombre que había sido condenado en 2012 a nueve años de prisión por doble violación, pero que obtuvo la libertad condicional en agosto de 2016.

Presos de varias cárceles de la cuidad y la provincia de Buenos Aires han comenzado una huelga de hambre tras conocer la decisión de sancionar lo antes posible este proyecto.

Sputnik Novosti

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