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Gobierno brasileño avanza en la desprotección de la Amazonía, denuncian ecologistas

El Gobierno de Brasil, presidido por Michel Temer, está impulsando medidas que dejarían sin protección un total de 1,1 millones de hectáreas de selva amazónica, denunció la ONG ecologista Greenpeace en un comunicado.

“Beneficiar a los que se apoderan de tierras ajenas, vender tierras del país a los extranjeros, acabar con la reforma agraria, permitir los agrotóxicos, flexibilizar los controles ambientales y acabar con las unidades de conservación no son propuestas nuevas, están en la lista de maldades de los diputados ruralistas desde hace mucho tiempo”, critican desde la ONG.

La organización lamentó que los diputados y senadores “ruralistas”, que defienden los intereses del sector agropecuario, consiguieron aprobar en la comisión mixta del Congreso Nacional dos medidas provisionales –la 756 y la 758- que alteran las actuales reglas de protección de amplias zonas de bosque tropical.

Las medias se votarán ahora en el plenario de la Cámara y después en el Senado y, si prospera, solo faltará el visto bueno del presidente Temer, “que además de ser autor de la propuesta se mostró como un fiel escudero de las propuestas ruralistas”, lamenta Greenpeace.

Los ecologistas remarcan que los diputados con interés en abrir vías para la explotación de la Amazonía siempre estuvieron ahí, pero la diferencia está, en su opinión, en que ahora estas propuestas “encontraron en el núcleo del actual Gobierno a gente dispuesta a servir a ese tipo de propósito”, señaló el coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace, Márco Astrini.

Además, hace dos semanas el Gobierno anunció un recorte de 58.200 millones de reales (18.800 millones de dólares) en gastos no obligatorios para cumplir los objetivos de déficit público y el ministerio de Medio Ambiente fue uno de los más afectados.

A pesar de que solo representa el 0,18 por ciento del presupuesto del Estado, su dotación para este año se redujo un 53 por ciento, pasando de los 964 millones de reales (311 millones de dólares) previstos inicialmente a los 446 millones de reales (143 millones de dólares).

Ecologistas, organizaciones y partidos políticos de izquierda también critican los continuos intentos en el Congreso Nacional para modificar las reglas de demarcación de tierras indígenas y modificaciones aprobadas recientemente que limitan la acción de organismos y mecanismos de control ambiental.

Sputnik Novosti

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