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La Presidencia de Peña Nieto será la más sangrienta de México

A este paso, la Presidencia de Enrique Peña Nieto va camino de convertirse indefectiblemente en la más sangrienta desde la Revolución Mexicana, es decir, desde hace más de 100 años.

Por Francisco Herranz*

Las últimas estadísticas sobre el número de asesinatos perpetrados desde que Peña Nieto se colgó la banda presidencial son tan sobrecogedoras que ponen los pelos de punta.

Según los datos recientemente difundidos por la Secretaría (Ministerio) de Gobernación –lo que allí se conoce por “incidencia delictiva del fuero común”–, 79.344 personas fueron asesinadas en México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 31 de marzo del 2017.

Esta enorme cifra es el resultado de sumar las que fueron reportadas a la autoridad federal por cada uno de los 32 Estados (incluida Ciudad de México). En otras palabras, no están todos delitos que vieron la luz, especialmente aquellos que se produjeron entre bandas rivales o por ajustes de cuentas. El volumen de homicidios es realmente más alto que el reflejado.

Si este promedio de 2.000 homicidios al mes se mantiene hasta diciembre del 2018, cuando está previsto que Peña Nieto ceda el poder, entonces su Gobierno será sin duda el más violento en la historia moderna de México, superando incluso los 104.089 muertos de la Presidencia de Felipe Calderón, quien dirigió el destino del país desde 2006 a 2012.

Más datos. Durante su mandato ha sido secuestradas 5.692 personas, un guarismo que se aproxima cada vez más a los 6.515 secuestrados que hubo con el expresidente Calderón.

Pero estos son los secuestros visibles. Muchos más no son denunciados porque hay mexicanos que le tienen más miedo a la policía que a los secuestradores. ¿Por qué? Por la impunidad rampante. Una impunidad tan desbocada que un informe titulado “Sin excusas” del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) no duda en calificarla de “endémica”. Ese trastorno ya caracteriza el legado de Peña Nieto. Y eso que no ha concluido su gestión.

Esta impunidad, convertida en un círculo vicioso, se extiende a los asesinos de periodistas, ya sean funcionarios públicos o miembros de los carteles de las drogas. Esa tolerancia inmoral les permite silenciar sin consecuencias a quienes se atreven a criticarles en los medios de comunicación. La violencia, según el informe del CPJ, es particularmente aguda en el estado de Veracruz, donde los ataques a la prensa siguieron sin estar lo suficientemente perseguidos durante el periodo del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

A lo largo de más de 10 años, la presión continuada del Comité para la Protección de los Periodistas sobre el Gobierno mexicano durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto desembocó en tres medidas concretas: la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el establecimiento de un mecanismo de protección para los periodistas y defensores de los Derechos Humanos que fueran amenazados de muerte, y la promulgación en 2013 de una enmienda constitucional que otorga a las autoridades federales más jurisdicción a la hora de perseguir delitos contra la libertad de expresión.

Sin embargo, las condenas por el asesinato de periodistas son poco frecuentes y cuando ocurren, como el caso de un exjefe de policía sentenciado a 30 años por matar a un reportero en Oaxaca, se limitan sólo a encerrar a quien apretó el gatillo y no buscan los móviles que hay detrás.

Los mecanismos para frenar la impunidad y la violencia han sido manifiestamente insuficientes. La Fiscalía Especial solo ha hecho justicia en tres casos. Y las nuevas medidas de protección adoptadas se han quedado cortas y se han vuelto inútiles pues pocos periodistas confían en ellas.

Peña Nieto se está quedando sin tiempo para atajar este problema prioritario. Y su Ejecutivo sigue acosado por varios escándalos de corrupción y por su lamentable defensa de los derechos humanos más elementales, incluida su manifiesta incapacidad para resolver la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el poblado de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, un caso que tuvo amplia repercusión mediática internacional.

México tiene así el triste honor de ser uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio de periodismo, junto con Siria, Somalia y Afganistán, tres Estados inmersos en largas guerras civiles.

Estas dolorosas circunstancias no sólo menguan el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la información sino que también ponen en entredicho una de las principales obligaciones de cualquier gobernante que se precie: garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El actual jefe del Estado se dirige hacia un fracaso absoluto. Pero, embargado por la ceguera que emana del poder, no parece consciente de sus propias limitaciones. O no quiere reconocerlas en público.

Algunos destacados comentaristas políticos, como el escritor y periodista mexicano Jorge Ramos, quien trabaja como presentador de noticias para el canal estadounidense de televisión en español Univisión, le consideran ya a Peña Nieto, por su mediocridad e ineficacia, uno de los peores presidentes de la historia de México.

Y en este contexto de crítica –incluso de hartazgo– voces autorizadas como la de Ramos han abierto el debate sobre la idoneidad de discutir cuanto antes una reforma constitucional que contemple recortar el tiempo de mandato del presidente mexicano de los seis años actuales a cinco, o introducir un referéndum revocatorio entre el tercer y cuarto año de gestión, al igual que tienen legalmente estipulado otros países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia o Ecuador. El objetivo es que no vuelva a haber otro Peña Nieto o que pueda ser destituido.

*Sputnik Novosti

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