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Corte Suprema de Argentina revisará fallo que aliviaba pena a represores

La Corte Suprema de Argentina volverá a pronunciarse sobre la aplicación de una ley derogada sobre plazos de prisión preventiva a represores de la última dictadura (1976-1983), conocida como 2×1, que el máximo tribunal rescató en un caso de delitos de lesa humanidad.

“La Corte volverá a resolver sobre la ley 2×1”, dijeron a Sputnik fuentes judiciales.
La semana que viene los ministros del tribunal pedirán a las partes de los distintos procesos que juzgan a represores que se pronuncien sobre la nueva ley aprobada en el Congreso esta semana, que prohíbe una rebaja penal a los condenados por delitos de lesa humanidad.

“En los casos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema, en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado “2 x 1″ (…) se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes”, señaló el alto tribunal en un comunicado.

En consecuencia, “la semana próxima y por disposición de la Secretaría, como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de 10 días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362 (sancionada por el Parlamento)”.

Esa normativa, impulsada esta semana por el Poder Legislativo, fue aprobada en menos de 24 horas por las dos Cámaras del Parlamento con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas.

La ley del 2×1 permitía computar como dobles los días en prisión de un imputado a partir de los dos años de su encarcelamiento, mientras su condena no estuviera en firme.

Varios represores condenados por crímenes de lesa humanidad solicitaron en los últimos días una rebaja de su condena tras la decisión de la Corte Suprema, el pasado 3 de mayo, de rescatar el 2×1 para beneficiar a un represor de la última dictadura (1976-1983), Luis Muiña.

Las principales ciudades de Argentina fueron testigo el miércoles de una multitudinaria manifestación contra la decisión de la Corte de rescatar la controvertida normativa, rechazada por la sociedad civil y, en concreto, por organismos emblemáticos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Sputnik Novosti

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