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Estado de sitio no resolverá la violencia en el sudoeste de Guatemala

El estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala en dos municipios del departamento de San Marcos (suroeste) es innecesario y no va a solucionar los problemas limítrofes y de narcotráfico que existen en esa zona, dijo a Sputnik el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena.

“Desde el punto de vista de los derechos humanos es inaceptable que el Gobierno pretenda controlar una situación de narcotráfico o problemas limítrofes entre comunidades por la vía del estado de sitio”, que además “no resolverá” las razones de la crisis, dijo el abogado.

El estado de sitio implica que el presidente del Gobierno, Jimmy Morales, “entrega el poder al ejército y limita los derechos más que en otros estados de excepción”, pues se suspenden la libertad de locomoción, manifestación y portación de armas de fuego, explicó.

San Marcos “está totalmente militarizado y los alcaldes están preocupados; es el peor mensaje que se puede dar a una población que fue seriamente afectada por el ejército de Guatemala (durante el conflicto armado interno que se extendió entre 1960 y 1996)”, señaló.

FOCO DE CONFLICTOS

Cadena explicó que San Marcos es uno de los departamentos más conflictivos de Guatemala.

Los municipios de Ixchiguán y Tajamulco mantienen una disputa limítrofe desde 1933 y los enfrentamientos se recrudecieron en las últimas semanas causando la muerte de un campesino y varias personas heridas.

Desde ese mismo año, cuando se creó Ixchiguán, se registran usurpaciones de tierras y de recursos naturales, señala el diario Prensa Libre.

El cultivo de amapola, materia prima de los opiáceos, es una de las fuentes de ingresos de la población de San Marcos, ubicado en plena frontera con México, y una de las regiones más peligrosas del país, con un alto número de homicidios debido al narcotráfico.

El jurista Cadena también recordó que en ese departamento hay comunidades que se resisten a pagar la privatización de la distribución de la energía eléctrica, lo que también ha generado conflictos.

Es posible que se esté “intentando crear un esquema de mayor represión contra quienes se oponen en esa zona a la privatización del sistema eléctrico”, aventuró.

La prensa local sostuvo que debido a una serie de “hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”, el Congreso ratificó el lunes el estado de sitio decretado la semana pasada por el presidente en Ixchiguán y Tajamulco, con una vigencia de 30 días.

Días antes el Gobierno intentó sin éxito entablar un diálogo entre las autoridades de las dos localidades.

DIÁLOGO Y ACCIÓN JUDICIAL

En opinión de Cadena, se debería haber continuado por esa vía.

“Lo mejor era continuar con el diálogo, (ahora) el presidente va a tener que informar al Congreso sobre los resultados de esta medida, se va a gastar dinero sin que pase por los controles necesarios y eso puede generar un foco de corrupción”, señaló a esta agencia.
Por otro lado, Cadena estima que abordar el combate al narcotráfico requiere otros recursos.

Se necesitan “mecanismos de investigación eficientes, como las escuchas telefónicas, que permiten que la estructura criminal sea desarticulada”, explicó.

“La política criminal democrática tiene varios ejes, y son válidos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, señaló el abogado, quien considera fundamental la prevención, la sanción y la reinserción para poner fin a los conflictos de San Marcos.

La sanción se debe llevar a cabo a través de una “investigación objetiva para llevar a los tribunales a estas bandas de crimen organizado y condenarlas”, mientras que “la reinserción requiere un trabajo en el sistema penitenciario para evitar que desde las cárceles se lleven a cabo actividades criminales”, agregó.

LEY OBSOLETA

Las acciones del Gobierno en este caso se enmarcan en la ley de orden público que se adoptó en los años 60, en pleno contexto de la Guerra Fría, y por tanto, quedó “obsoleta”, observó.

“La ley no concuerda con la actual Constitución de 1985; encarna todos los principios de la lucha contra el comunismo, debió ser reformada”, sostuvo.

Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 tres presidentes recurrieron a la aplicación del estado de excepción y de sitio: Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina (2012-2015) y Morales, quien asumió la Presidencia el pasado año.

“Han impuesto estos estados para controlar situaciones difíciles, y deben ser algo excepcional, no una regla”, concluyó Cadena.

La tensión vivida en San Marcos en las últimas semanas, se redujo el miércoles e incluso algunos comerciantes y transportistas retomaron sus actividades, señaló el diario Prensa Libre.

Sputnik Novosti

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