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FACUA ve injusto e insuficiente el nuevo bono social, que no garantiza un mínimo de electricidad

En sus alegaciones al Decreto Ley que tramita Energía, la asociación reclama que se suspendan los cortes a las familias que no pueden pagar la factura y otras medidas, como que no dependa del mercado.

FACUA-Consumidores en Acción considera injusto e insuficiente el nuevo bono social presentado por el Gobierno a través del proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 km, que no garantiza un suministro mínimo, no suspende los cortes por impagos a las familias que no pueden afrontar el recibo de la electricidad y vuelve a dejar un instrumento tan imprescindible como éste para paliar la pobreza energética en manos del mercado, y dependiente de sus fluctuaciones.

La asociación ha presentado sus alegaciones al nuevo Real Decreto ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dentro del plazo de participación pública abierto para tal fin. En su escrito, FACUA recuerda que mientras no se actúe sobre el precio de la electricidad y éste continúe sometido a los vaivenes del mercado y con un sistema que funciona de manera opaca y dudosa, se mantendrá la vulnerabilidad de los consumidores y no descenderán las alarmantes cifras de pobreza energética que se mantienen en España.

La asociación considera que debería garantizarse un precio asumible del kilowatio, una reducción de los impuestos que gravan la factura de la luz (es incomprensible que se le aplique el tipo general de IVA del 21%) y una paralización de los cortes de suministro por impago, al menos en aquellos meses de temperaturas extremas en los que el acceso a la electricidad es esencial para preservar la salud de las personas.

Bono social en manos del mercado

El bono social que plantea el Gobierno en este nuevo reglamento vuelve a vincular su tarifa a un descuento en el precio semirregulado, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). FACUA se opone a este sistema, e indica en sus alegaciones que no debería estar condicionado al funcionamiento de ninguna tarifa, dado que éstas dependen de la fluctuación del mercado, por lo que se puede provocar que las familias vulnerables que se acojan a esta modalidad puedan seguir sin poder afrontar su factura de la luz.

En su origen, el bono social consistió en la congelación de la Tarifa de Último Recurso (0,114730 euros por kWh y 1,675202 euros por kW de potencia contratada). A principios de 2014, el Gobierno decidió cambiar el criterio y lo dejó en un descuento del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC, que sustituyó a la TUR) de un 25%. Desde entonces se ha mantenido este sistema, que la asociación considera injusto y desproporcionado, dado que si depende de los precios que el mercado imponga seguirá impidiendo el acceso de numerosas familias que atraviesan problemas económicos.

Por otro lado, el descuento propuesto tampoco se aplicará a la totalidad del consumo, sino que se establecen límites según el tipo de familia que acceda a él, por lo que, según las circunstancias, pueden quedar fuera familias en situaciones de necesidad.

Asimismo, los criterios para acceder a este raquítico descuento siguen siendo extremadamente restrictivos, valora FACUA. Así, para ser beneficiario del bono social, se utiliza un criterio de renta basado en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que conlleva demasiadas dificultades. Por un lado, lleva años sin actualizarse, y por otro, son valores extremadamente bajos. De hecho, según los datos publicados por la Seguridad Social en su web, el importe mensual de este valor es de 532,51 euros, mientras que el salario mínimo interprofesional es de 707,70 euros mensuales.

Por otro lado, para acogerse a la definición de consumidor vulnerable y por lo tanto optar al bono social, sólo se consideran los ingresos brutos, y no la renta disponible, por lo que no se considera que el usuario tenga que hacer frente a otros pagos imprescindibles que limiten su disponibilidad para afrontar la factura de la electricidad (como pagos de hipoteca, etc).

FACUA considera que estar en disposición del título de familia numerosa tampoco debería ser un criterio válido por sí mismo, porque no discrimina las rentas que puedan percibir esas familias o las circunstancias económicas en las que vivan.

La asociación rechaza también el criterio para ser considerado consumidor vulnerable severo dado que, además de rebajar aún más los umbrales de renta, obliga al usuario a estar siendo atendido por los servicios sociales y que la Administración se haga cargo del 50% del pago de la factura de la electricidad. Vincular el reconocimiento de la condición de vulnerable severo a requisitos ajenos a la persona, como que la Administración se haga cargo de su situación, no es admisible, considera FACUA.

Además, esto es contradictorio con otro de los artículos de la norma propuesta (artículo 13), que recoge, literalmente, que “las Administraciones Públicas no se considerarán sujetos obligados a financiar el bono social y el coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social”.

Sin consecuencias para las comercializadoras

FACUA insiste en que vincular el bono social a la tarifa PVPC y a una potencia contratada determinada (inferior a 10km) puede dejar fuera de esta ayuda a consumidores que han sido engañados por las comercializadoras para cambiar su tarifa.

La asociación recuerda que la realidad del mercado eléctrico español es una absoluta desinformación del consumidor sus derechos, de los tipos de tarifas que existen e incluso de las empresas con las que tiene que interactuar, esto es, comercializadoras, comercializadoras de referencia y distribuidoras.

En este sentido, es un hecho que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comenzado a sancionar a las empresas por cambiar de suministradora o de tarifa a los consumidores sin su consentimiento. Las denuncias por este motivo son crecientes en toda España.

Estas irregularidades pueden motivar que los usuarios, sin su conocimiento, dejen de tener acceso al bono social. El nuevo reglamento tan sólo contempla que se avise a los consumidores cuando se le vaya a realizar un cambio en su tarifa. FACUA critica que el Gobierno considere suficiente una simple advertencia, a pesar del desconocimiento del sistema y de las constantes irregularidades que se producen en él.

La asociación rechaza, además, que este nuevo Real Decreto tampoco contemple consecuencias para las eléctricas que lleven a cabo este tipo de prácticas, o incluso para las situaciones en las que, a consumidores que cumplen los requisitos para que se acojan al bono social, no se les aplique directamente.

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