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Ajuste macrista: el Gobierno dio de baja 83 mil pensiones por invalidez en 2017

El Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Mauricio Macri.

La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social confirmó las bajas en pensiones por invalidez y explicó que “tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas”. El gobierno nacional utiliza un decreto de 1997 para justificar la baja de pensiones no contributivas por discapacidad. Es una medida dictada durante el menemismo que incorpora una serie de condicionamientos para la entrega del beneficio. Durante el kirchnerismo hubo flexibilidad en la aplicación de esa norma, al punto que los titulares de pensiones crecieron de 350 mil a 1,6 millón entre 2003 y 2015.

“La CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. Las revisiones son una obligación de todos los gobiernos”, indicó la CNPA en un comunicado. Según informó, por este motivo “en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones”, mientras que “el padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes”.

El presidente de la Comisión, Guillermo Badino, señaló además que “en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios”.

Entre los requisitos para acceder al beneficio figuran la acreditación de un nivel de discapacidad del 76 por ciento, la imposibilidad de que el beneficiario o su cónyuge estén amparados por el régimen de previsión o posean bienes o ingresos que permitan su subsistencia. La gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017. Desde esa cartera aseguran que las cancelaciones no responden a la necesidad de ajustar las cuentas públicas sino a una depuración del padrón. En cambio, fuentes gremiales denuncian situaciones de discrecionalidad generalizadas, en el marco de un cambio de fondo en la orientación de la política de cobertura social.

La justificación del funcionario

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoció el funcionario Badino y agregó que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

APU

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