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País Vasco y Cataluña critican uso de la legalidad como “corsé” a sus aspiraciones

El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, mantuvo un encuentro este lunes con el jefe del Ejecutivo del País Vasco, Íñigo Urkullu, con quien coincidió en señalar que la legalidad no debe convertirse en una limitación a la hora reconfigurar las relaciones de ambos territorios con el Estado español.

“El presidente Puigdemont y el lehendakari Urkullu coinciden en que la legalidad no puede ser un corsé que ahogue las aspiraciones democráticas de los pueblos”, informó el Gobierno catalán a través de un comunicado.

Según la información ofrecida por el gabinete de presidencia catalán, los dos dirigentes autonómicos apuntaron durante el encuentro “la necesidad de un proceso dialogado para reformular el Estado que responda a las diversas realidades nacionales”.

“Carles Puigdemont y Iñigo Urkullu constataron las dificultades de avanzar ante la “estrategia de quietud” impuesta por el Gobierno español ante las demandas de dos naciones como Cataluña y Euskadi que abogan por ejercer el derecho de su ciudadanía a ser consultada de manera legal y pactada sobre su futuro”, prosigue el comunicado.

Los dos políticos, que pertenecen a partidos nacionalistas de corte conservador, consideran que España está ante una “crisis institucional” y señalan que el Estado español sigue sin encontrar una articulación satisfactoria a su relación con “las naciones que lo conforman”.

“El llamado Estado de las autonomías no es suficiente”, incide el comunicado, que llama a reflexionar sobre la “necesidad de avanzar en el autogobierno” en distintos territorios.

Ambos presidentes autonómicos compartieron la reflexión de que el Estado “no puede imponer un determinado modelo territorial” que a su modo de ver se ha revelado “insatisfactorio” en el reconocimiento de las distintas “realidades nacionales” presentes en España.

“Los problemas territoriales no se resolverán con la apelación y el recurso permanente a una legalidad derivada de una unidad constitucional que no se basa en la unión voluntaria”, señalaron.

En ese sentido, Puigdemont y Urkullu insistieron en que la legalidad “no es inmutable” sino que debe adaptarse y ser cambiada “para resolver los problemas políticos y sociales”.

Sputnik Novosti

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