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Activistas colombianos denuncian ante CIDH inacción oficial ante el paramilitarismo

Organizaciones civiles y sociales de Colombia denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las autoridades no están combatiendo a los grupos paramilitares de ultraderecha.

“Vemos importante que se dé una verdadera autonomía e independencia a la Unidad Especial de Investigaciones y desmantelamiento de las estructuras criminales y sucesoras del paramilitarismo”, dijo una de las voceras de los movimientos sociales que intervino en la audiencia de la CIDH, celebrada en el marco de su 163 periodo de sesiones que se lleva a cabo esta semana en Lima y transmitida por streaming.

La CIDH convocó la audiencia para abordar la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional adoptado en el acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y la responsabilidad de terceros en el conflicto armado en Colombia.

El combate al paramilitarismo daría garantías de no repetición a las víctimas de la violencia en Colombia, destacaron las ocho organizaciones presentes, entre las que estaban el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

“Si logramos esto, de una u otra manera vamos a alcanzar que las garantías de no repetición se den y no simplemente queden de manera explícita en los acuerdos” de paz firmados entre el Gobierno y las FARC, señaló la vocera.

La audiencia buscó precisar los alcances de la JEP, creada para juzgar los crímenes no amnistiables del conflicto armado colombiano, y ahondó sobre la responsabilidad que cabe a terceros en esos delitos y si esta será juzgada por la JEP o por la vía ordinaria.

Al respecto, el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, explicó que “justamente esa impunidad (…) que han señalado los peticionarios respecto de los terceros es lo que va a corregir la JEP”, ya que es “una jurisdicción autónoma” con mecanismos para investigar a todos los combatientes y agentes del Estado, así como a terceros con responsabilidad en el conflicto.

“El Gobierno y el Estado tienen eso absolutamente claro” y no se permitirá “que nadie quede en el marco de la impunidad”, y “está expresamente consignado en la Constitución que los terceros tienen que acudir a la JEP y van a ser responsabilizados por su participación directa o indirecta, incluida la financiación, en graves crímenes”, agregó el ministro.

La sociedad civil menciona, entre esos terceros que habrían financiado y armado al paramilitarismo, a empresarios, a corporaciones extranjeras como la minera Drummond y la bananera Chiquita Brands, ambas de EEUU, la petrolera colombiana Ecopetrol y la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, entre otras.

Los peticionarios denunciaron asimismo que se habrían compulsado copias de al menos 15.291 expedientes para que la justicia ordinaria investigue la participación de terceros en el conflicto, pero destacaron que a la fecha no hay una investigación eficaz del Estado para dar solución a esos casos.

Sputnik Novosti

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