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El Foro de Abogados/as de Izquierdas-Red de Abogados Demócratas considera desproporcionada la petición de cárcel de la Fiscalía en el ‘caso Altsasu’

Consideran que “tras el cese de cualquier actividad por parte de ETA, la entrega de las armas que aún tenía en su poder y su práctica disolución, asistimos con preocupación a una utilización desmesurada por la Audiencia Nacional de los tipos penales asociadas al delito de terrorismo, aplicándose a muchos y variados supuestos que nada tienen que ver ni con integración en grupo o banda armada, ni con ataques al orden constitucional”

El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas-Red de Abogados Demócratas (FAI-RADE), del que forma parte el equipo jurídico de Izquierda Unida, manifiesta su consternación por la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al solicitar un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu (Navarra), el 15 de octubre de 2016.

Esta petición fiscal ha venido precedida de resoluciones del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, desestimando la cuestión de competencia presentada por la Audiencia Provincial de Navarra  y declarando la competencia de la Audiencia Nacional sobre los hechos, al ser considerados como constitutivos de delitos de terrorismo.

Respetando la presunción de inocencia, condenamos enérgicamente la actuación de cualquier persona que hubiera acosado y agredido a cuatro ciudadanos por el hecho de encontrarse entre ellos dos guardias civiles fuera de servicio. Tratándose de un incidente ocurrido en un bar de Altsasu, a las 3 de la madrugada, tras finalizar las fiestas locales, es necesario ser prudentes sobre los hechos ocurridos, máxime cuando el relato del Ministerio Fiscal no coincide con el de los acusados y otros testigos respecto a la situación de acoso previo.

Sin duda las conductas de los acusados serían reprochables y rechazables en caso de haberse producido, pero consideramos que desde el punto de vista jurídico resulta absolutamente desproporcionado calificar como delitos de terrorismo las faltas y lesiones ocurridas durante una trifulca cometidas por un grupo de personas probablemente con índices de alcohol elevados a esas horas de la madrugada, aunque las víctimas hayan sido agentes de seguridad fuera de servicio.

Solicitar a los ocho  procesados penas de cárcel de entre 12 y 60 años resulta absolutamente desproporcionado atendiendo a las conductas examinadas y a las consecuencias de las mismas. La sorprendente petición del fiscal constituye una auténtica agresión al Estado de Derecho y al principio de legalidad en materia penal por no guardar la pena solicitada proporcionalidad alguna con las lesiones de bienes jurídicos resultado de los hechos. Valga como ejemplo la petición realizada al procesado Arnanz Ciordia, al que el Ministerio Fiscal solicita 62 años y 6 meses de prisión, más del triple de la pena prevista en nuestro Código Penal para un asesinato.

En los últimos años, tras el cese de cualquier actividad por parte de ETA, la entrega de las armas que aún tenía en su poder y su práctica disolución, asistimos con preocupación a una utilización desmesurada por la Audiencia Nacional de los tipos penales asociadas al delito de terrorismo, aplicándose a muchos y variados supuestos que nada tienen que ver ni con integración en grupo o banda armada, ni con ataques al orden constitucional. Difícilmente puede calificarse como tales la difusión de mensajes en las redes sociales, la letra de determinadas canciones o una lamentable pelea de bar tras finalizar unas fiestas patronales.

La calificación jurídica realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional constituye un ejemplo de aplicación del llamado ‘derecho penal del enemigo’, práctica propia de regímenes autoritarios consistente en la calificación jurídica de una conducta criminal de diferente forma y solicitud de distintas penas en función de la persona o colectivo que haya cometido los hechos penalmente reprochables. Si estos hechos se hubieran producido en un bar de una localidad fuera de la Comunidad Foral Navarra o de Euskadi no cabe duda de que  la Fiscalía no habría formulado tan desmesurada acusación.

Una vez más -casos Casandra o Strawberry, entre otros- la Audiencia Nacional abre con sus actuaciones el debate sobre su carácter de tribunal excepcional en materia de orden público y la recurrente aplicación de la excepcional legislación en materia de terrorismo a situaciones que difícilmente encajan en esos supuestos, obviando la aplicación del principio general del derecho ‘in dubio pro reo’.

Cada vez son más frecuentes las sentencias de tribunales europeos que desautorizan la forma de aplicación de la legislación antiterrorista por parte de la justicia española. La desaparición de la proporcionalidad en la aplicación de sanciones penales es la antesala de la desaparición del Estado de Derecho, constituyendo un grave atentado contra la democracia, situación sobre la que es necesario llamar la atención de la sociedad.

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