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Cuarta jornada de paros parciales en aeropuerto de Barcelona

Los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona, en el noreste de España, cumplen hoy su cuarta jornada de paros parciales para exigir mejoras en sus condiciones laborales y remunerativas.

Los vigilantes rechazaron la víspera en asamblea la propuesta presentada por la empresa privada Eulen, encargada de la seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con la mediación del gobierno catalán.

En concreto, los 350 empleados de Eulen declinaron la oferta de incremento salarial sugerida por las autoridades regionales de Cataluña -mediadoras en el conflicto laboral-, de un complemento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas, aceptado por la compañía.

La mayoría de los trabajadores optaron por seguir negociando con el consorcio para lograr un aumento de 250 euros mensuales repartidos en 15 sueldos.

De esa manera, el personal a cargo de los arcos de seguridad en el aeropuerto barcelonés, el más transitado del país después del de Barajas en Madrid, mantuvo la protesta para este viernes y el venidero domingo con cuatro paros de una hora cada uno.

A partir del lunes 14 de agosto, la huelga pasará a ser indefinida y durante las 24 horas del día.

En 2008, cuando se inauguró la segunda terminal en El Prat, éramos 500 trabajadores y hoy somos 350 y ganamos unos 340 euros menos que entonces, indicó ayer el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez.

Además, por la fuerte implantación de aerolíneas de bajo coste, el tráfico aéreo aumentó en más de un 60 por ciento entre 2009 y 2016, recordó.

Los huelguistas denuncian la falta de efectivos y la sobrecarga de trabajo de los empleados de Eulen, en una terminal aérea por la que transitan unos 44 millones de pasajeros al año.

Según Giménez, esto obliga a los vigilantes a hacer turnos de hasta 16 horas y a veces sin ningún relevo.

Durante las tres primeras jornadas de huelga (los días 4, 6 y 7 de agosto), el aeropuerto de la llamada ciudad condal vivió importantes aglomeraciones de veraneantes, que debieron esperar hasta hora y media para franquear los filtros de acceso a la zona de embarque.

La Unión General de Trabajadores, uno de los dos sindicatos mayoritarios de España, denunció que este conflicto laboral es un claro ejemplo de la nefasta política desarrollada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en materia de contratación pública.

‘En los últimos años administraciones públicas y algunas empresas del sector iniciaron un camino perverso en cuanto a la contratación de servicios’, advirtió la central obrera.

Según la UGT, esos procesos ‘obvian criterios de calidad del propio servicio a desarrollar y basan como único aspecto de adjudicación la oferta económica más baja, que a su vez resulta la más cargada de incumplimientos laborales, fiscales y tributarios’, enfatizó.

PL

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