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IU prepara una batería de actuaciones para evitar que las grandes empresas sólo paguen el 3% de las sanciones que impone la CNMC

·         El responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, que coordina las acciones políticas a realizar detalla que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia apenas logró cobrar en los últimos cuatro años 29,8 millones de euros de los casi 1.000 impuestos en multas

·         Afirma que “es imprescindible actuar en materia legislativa y modificar de manera sustancial la actuación de un regulador que no está cumpliendo con los objetivos que tiene encomendado”

Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, prepara distintas actuaciones políticas, que luego traducirá en una batería de iniciativas parlamentarias, para “erradicar la vergonzosa situación” que permite a las multinacionales y grandes empresas de sectores punteros eludir en la mayoría de los casos o retrasar en los tribunales las importantes sanciones económicas que les impone por prácticas irregulares la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)

Según los datos de los que dispone Izquierda Unida, la CNMC -que empezó su actividad en octubre de 2013, continuando el trabajo del anterior organismo que velaba por el adecuado funcionamiento de la Competencia- esta comisión nacional apenas ha logrado cobrar en los últimos cuatro años un 3% del importe de las sanciones que impone, en concreto 29,8 millones de euros sobre los 983 millones que se pretendía recaudar.

Para Sánchez Mato, “es imprescindible actuar en materia legislativa y modificar de manera sustancial la actuación de un regulador que no está cumpliendo con los objetivos que tiene encomendado”.

El dirigente federal de IU detalla que “aunque no son generalizables las razones de los rechazos de cada una de las multas, sanciones o reclamaciones”, para esta formación “sí existe un patrón claro en todos los casos: una regulación ya de por sí laxa que beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la mayoría social, acompañada de una interpretación de la normativa que permite, en la práctica, ‘patente de corso’ a quienes tienen toda la capacidad de influir de manera decisiva en las leyes, en los organismos reguladores, en cómo se preparan los expedientes de sanción y hasta en la administración de justicia”.

Entre los datos concretos que maneja Izquierda Unida está el que de los casi 1.000 millones de euros impuestos en sanciones por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, 81 millones corresponden a 2014; 557 a 2015; 244 a 2016 y 101 en lo que llevamos de este año. “Resulta escandaloso -valora Sánchez Mato- que de todo ello sólo se haya podido cobrar un 3% y que, además, según los propios cálculos que hace la CNMC, los procesos de cobro se dilatan entre 8 y 10 años. Las grandes compañías y multinacionales son las que tienen la sartén por el mango de la justicia”.

En esta misma línea, el responsable federal de Políticas Económicas de IU advierte de que “sistemáticamente las empresas recurren las sanciones a la Audiencia Nacional, que suele suspender provisionalmente el pago en más del 80% de las ocasiones. Después se inicia un largo periplo judicial que, si culmina en un fallo contrario de esta instancia a la sanción, lleva al recurso al Tribunal Supremo, con una nueva dilatación temporal”.

Carlos Sánchez Mato expone que “llama mucho la atención, además, de que la judicialización de las sanciones le suele salir muy bien a estas grandes empresas afectadas, no sólo para dilatar el pago de las multas. En el último mes la Audiencia Nacional ha emitido fallos en 36 casos que revisan o suspenden las decisiones de la CNMC por errores casi siempre formales. Ello acarrea más de 170 millones de euros en multas que quedan en el aire o que se perderán definitivamente”.

Entre los últimos ejemplos más significativos de toda esta práctica está el conocido ayer mismo sobre la anulación por parte de la Audiencia Nacional de la sanción de 120 millones de euros decidida por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNC) -ahora integrada dentro del macroregulador CNMC- en diciembre de 2012 contra Telefónica Móviles, Vodafone y Orange por el presunto abuso de su posición en los mercados mayoristas relacionados con los mensajes cortos (SMS). Competencia estimó que estas tres compañías cobraban precios mayoristas excesivos a los operadores virtuales, a los que alquilan su red, por el envío y recepción de mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS). Las multas de las que ahora se libran ascendían a 46,49 millones de euros para Telefónica Móviles, además de 43,5 y 29,9 millones para Vodafone y Orange, respectivamente.

Además, hace poco la Audiencia Nacional rechazó también la multa puesta a Repsol por importe de 22,5 millones de euros por un supuesto defecto de forma consistente en que se multó a la matriz en vez de a la filial.

El Tribunal Supremo también acaba de anular una de las multas más elevadas impuesta a Endesa (23,1 millones de euros) por no estar suficientemente motivada.

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