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Organizaciones de Guatemala denuncian que funcionarios públicos facilitan impunidad

Organizaciones de la sociedad civil de Guatemala denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la designación de funcionarios públicos que permiten la impunidad en el país se convirtió en una práctica común, entre otros abusos.

En una audiencia pública celebrada en la Ciudad de México, “la sociedad civil denuncia que se ha hecho común designar a funcionarios públicos que procuran la impunidad en Guatemala” y añade que “se están bloqueando reformas constitucionales que facilitan la impartición de justicia”, informó la CIDH en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, advirtió que es “alarmante” que quienes trabajan en el sistema judicial en el país centroamericano “teman por su vida”.

El relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro, recordó que han sucedido muchos acontecimientos en Guatemala desde su última visita al país.

“Nos gustaría realizar visita de seguimiento a la situación de derechos humanos”, añadió.

En ese sentido, el estado guatemalteco dijo que las visitas de trabajo de Relatores de la CIDH son siempre bienvenidas, según informó el organismo en su cuenta de Twitter.

Organizaciones del país centroamericano también lamentaron que “altas instancias estatales han emprendido campañas para debilitar lucha de la Cicig y el Ministerio Público (fiscalía) contra la impunidad”.

La Cicig, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, fue instaurada en el país en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de ese país y la Organización de las Naciones Unidas, ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.

De hecho, Guatemala vive una crisis institucional después de que el 27 de agosto su presidente Jimmy Morales declarara persona no grata al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y ordenara su inmediata expulsión, acusándolo de “inmiscuirse en asuntos internos” y haber intentado “presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales”.

Sin embargo, la Corte Constitucional otorgó primero un amparo provisional a Velásquez, dejando en suspenso la expulsión, para después anular definitivamente la medida el 29 de agosto.

La decisión de Morales contra Velásquez se produjo después de que la Cicig y el Ministerio Público solicitaran el 25 de agosto un antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015.

Además, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió el lunes dar trámite a la solicitud de antejuicio a Morales presentada por el Ministerio Público y la Cicig, y de momento es el Congreso el que debe decidir si retira finalmente el privilegio de inmunidad al mandatario.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región.

Sputnik Novosti

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