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Historia del conflicto religioso y étnico en Birmania

Birmania, país con un 70 por ciento de población budista, recuperó su independencia de Reino Unido en 1948.

El Gobierno deniega la ciudadanía y los derechos civiles a la comunidad musulmana de rohinyás, que habitan en el norte del estado de Rakáin y cuentan con hasta 1,1 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes.

Estos últimos se establecieron en Arakán (antiguo nombre de Rakáin) a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la época colonial, cuando los británicos alentaron su traslado desde Bengala Occidental a un territorio con escasa mano de obra agrícola.

Al declarar su independencia, el país oficialmente promulgó la ley marcial en la región, y logró, tras una serie de operaciones especiales, que los rohinyás se retiraran a la jungla que se encuentra en la frontera con el actual Bangladés.

Para el año 1961 el Gobierno logró apaciguar los movimientos independentistas en la zona, pero ya en 1970 los rohinyás crean el Partido de Liberación y el Frente Patriótico, movimientos que desencadenaron una nueva espiral de violencia.

Entre 1962 y 2010 el poder en Birmania se encuentra en manos de los militares, quienes persiguen cruelmente el separatismo y el nacionalismo étnico, pero frenan notoriamente el nacionalismo extremo antiislamista de los propios birmaneses.

Ese movimiento nacionalista, fundado en los años 80 por monjes budistas radicales, exige la expulsión del país de todos aquellos que no adopten la religión budista.

Por otra parte, el país cuenta con varias provincias en las que se concentran los representantes de minorías étnicas y religiosas, en las que reaparecen fuertes movimientos separatistas, que en ocasiones no dudan en tomar las armas para defender sus intereses.

La llegada al poder en 2011, tras las primeras elecciones populares en 50 años, de un Gobierno moderado que disminuyó el control de los grupos nacionalistas radicales, por un lado, y de los militantes separatistas, entre ellos los que profesan el islam, por otro lado, agudizó aún más la situación.

En 2012 la violencia interétnica en Sittwe, capital de Rakáin, se saldó con unos 200 muertos y provocó el desplazamiento de casi 140.000 personas, en su mayoría rohinyás.

Las operaciones militares en las zonas de asentamiento del grupo étnico provocaron en múltiples ocasiones éxodos masivos de musulmanes de Birmania.

Se estima que en 2015 unos 25.000 rohinyás tuvieron que abandonar el país y dirigirse a Bangladés, Tailandia, Indonesia o Malasia.

El conflicto en Rakáin se agudizó nuevamente después de que insurgentes rohinyás lanzaran una serie de ataques contra guardias fronterizos en octubre y noviembre de 2016.

A finales de agosto de 2017 unas 400 personas murieron en Birmania en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes.

Esta cifra incluye a unos 370 insurgentes, 13 agentes de seguridad, dos funcionarios y 14 civiles.

Por su parte, representantes de la ONU estiman que unas 38.000 personas cruzaron de Birmania a Bangladés en la última semana de agosto, después de que insurgentes rohinyás atacaran una treintena de puestos policiales y militares.

En los mismos días el Gobierno de Birmania declaró terrorista al Ejército para la Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) y afirmó que busca crear una república islámica.

El grupo insurgente, que niega tener vínculos con el yihadismo transnacional, respondió que ejerce legítima defensa en un intento de salvar a la comunidad rohinyá de Arakán del “terrorismo de Estado”.

Las organizaciones humanitarias internacionales denuncian la persecución de esa minoría religiosa, privada de los derechos básicos del ser humano, tales como la asistencia médica y la educación.

Muchos rohinyás se ven obligados a vivir en campamentos para desplazados, donde reciben alimentos y asistencia médica y alimentos solo gracias a la labor de ONG internacionales.

Desde el inicio de los enfrentamientos, Birmania bloqueó cualquier tipo de ayuda humanitaria de todas las ONG relacionadas con Naciones Unidas, destinada a miles de civiles.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunciaron que durante la última semana no pudieron brindar su ayuda a los afectados por la crisis.

Sputnik Novosti

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