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Ombudsman dictamina que Ejército de México torturó a activista hondureño

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal) culpó al Ejército mexicano de torturar al migrante hondureño, Ángel Amílcar Colón, a tres años de su liberación.

El organismo autónomo del Estado mexicano emitió una recomendación (No. 33 de 2017), en donde reconoce que al ciudadano hondureño le “fueron violados los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la asistencia consular, a la protección de datos personales, al honor y al acceso a la justicia”.

En su momento, el líder comunitario y defensor de derechos humanos hondureño denunció que fue “torturado por elementos del Ejército y por policías federales, y llevado a instalaciones militares donde le tomaron su declaración ministerial sin recibir asistencia consular”, dice el documento del defensor mexicano federal.

Amílcar Colón fue liberado el 15 de octubre de 2014, luego de más de cinco años de prisión, que la CNDH considera “injusta”.

La liberación ocurrió gracias a la defensa jurídica del jesuita Centro de DDHH ‘Agustín Pro, SJ’ y al acompañamiento de Amnistía Internacional, quien lo nombró “preso de conciencia”.

Las dos instituciones exigen que la recomendación dictaminada sea cumplida, incluyendo terminar una investigación “por el delito de tortura”, abierto ante la fiscalía federal, desde enero del año 2014.

La CNDH emitió la recomendación dirigida al Gobierno del estado de Baja California (norte de México), a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal).

El dictamen instruye a “reparar el daño material e inmaterial a través de una indemnización por los daños ocasionados, además de la atención psicológica inmediata; el inicio de investigaciones administrativas y penales”.

Según el documento después de su detención, Ángel Amílcar fue “obligado a caminar de rodillas con golpes, al mismo tiempo que lo mantenían esposado”.

El organismo público del Estado mexicano defensor de las víctimas de abusos del Estado, señaló que la exhibición de Ángel en medios de comunicación “lo avergonzó y lastimó su reputación en su comunidad, tomando en cuenta su papel de líder comunitario del pueblo garífuna y defensor de derechos humanos”.

Un informe del organismo jesuita de hace tres años indica que en México existe un sistema penal que “criminaliza” a las personas más vulnerables, y ha documentado más de 1.000 casos de migrantes encarcelados, supuestas víctimas de violaciones a sus derechos.

Sputnik Novosti

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