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Crean un equipo de abogados para asesorar a los encausados por el referendo catalán

Un grupo de juristas ha creado un equipo de abogados para asesorar a los posibles encausados que apoyen la celebración del referéndum de autodeterminación que la Generalitat de Cataluña ha convocado de manera unilateral para el próximo 1 de octubre.

La iniciativa, informa el portal Nació Digital, parte del grupo de jurista Drets y se compone de un centenar de abogados.

La entidad afirma que la iniciativa está pensada “especialmente para aquellas personas y empresas de carácter privado que puedan ser perseguidas por la Justicia española por su colaboración con el referéndum”.

Los abogados que se han sumado al grupo, indica el medio, lo han hecho a título voluntario y estarán disponibles las 24 horas.

El teléfono habilitado para los afectados es el 697 83 29 11.

La asociación ha difundido ya en las redes sociales un protocolo de actuación para las personas que puedan ser detenidas o citadas por la policía como testimonios, investigados o detenidos, así como para empresas que puedan verse afectadas por registros de la Policía.

Antes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, envió una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como imputados de todos los alcaldes que apoyen en el referéndum.

En concreto, se imputará a los que firmen un decreto para ceder locales para celebrar el referéndum el 1 de octubre.

En caso de que no comparezcan, el fiscal podrá reclamar su detención.

Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el ministerio público “en calidad de investigado y asistido de letrado”.

La orden señala que “a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población”.

Actualmente 721 alcaldes de municipios catalanes han mostrado su apoyo a la consulta, ofreciendo las instalaciones municipales para la celebración del referéndum.

Esa lista fue publicada en la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia.

Según el fiscal, esta conducta “puede constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa” y además “prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre.

Sputnik Novosti

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