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Las cuentas del Tribunal de Cuentas

En teoría el Tribunal de Cuentas del Estado Español es un órgano que tiene como misión fiscalizar la gestión económico-financiera del sector público. Sería algo similar a un auditor de cuentas de una empresa privada, que defiende los intereses de los accionistas frente a los gestores. En su caso, el interés de los ciudadanos frente a los políticos en activo.

Por Alfonso Durán Pich*

*Web del autor

Pero, como todos sabemos, “Spain is different”, o, como diría el director de “El Periódico” señor Hernández “veri diferent”.

El órgano al que nos referimos es un órgano más de naturaleza política, absolutamente comprometido con los intereses del duopolio dominante (PP + PSOE). Eso explica sobradamente su comportamiento.

Veamos algunos elementos que nos permiten enjuiciar el tema objetivamente:

  • No se accede al tribunal por oposiciones, tras una carrera en el ámbito jurídico. Sus miembros son nombrados y consensuados por los partidos, en función de su peso parlamentario. La mayoría han sido siempre funcionarios del Estado. Es un tribunal nombrado a dedo.
  • El órgano actual está formado por doce miembros (siete del PP, cuatro del PSOE y uno fruto del pacto PSOE-IU).
  • El presidente es Ramón Álvarez de Miranda, antiguo militante de la UCD e hijo del que fue presidente del Congreso de Diputados y miembro destacado de la UCD, Fernando Álvarez de Miranda.
  • De sus 700 trabajadores, un centenar son familiares de altos y ex altos cargos de la institución.
  • Un ejemplo interesante, que en su día describió con detalle “El País” (9 junio 2014) es el de Javier Medina, actual número dos del tribunal:

“Medina tiene cuatro familiares en el tribunal: su esposa, su hermano, su hermana y una pariente de su esposa. Su hermano, Enrique, que hasta hace dos años fue gerente del tribunal, cargo al que accedió tras entrar Javier Medina como consejero, se incorporó a la plantilla un poco antes que él. Y su esposa, María del Carmen Higueras Esteban, que trabaja en el departamento de empresas estatales del tribunal, entró un año después. A Enrique lo nombró gerente el ex secretario general José Antonio Pajares. Pajares y Javier Medina escriben juntos artículos en revistas jurídicas”.

  • Fuentes oficiosas del propio organismo declaran que “aquí se sabe quien es el padrino de cada cual; lo raro es que haya alguien con padrino desconocido”.
  • La media del sueldo es de 3.000 € mensuales netos, cifra que se estima es un 30% superior a la de otros funcionarios de organismos equivalentes.
  • Los consejeros cobran unos 120.000 euros anuales, tienen dos secretarias y cuentan con coche oficial. Su mandato es de nueve años, que puede renovarse.
  • Otros miembros del tribunal que tienen especial relevancia son Margarita Mariscal de Gante y Manuel Aznar López. La primera, que fue ministra de justicia en el gobierno Aznar, es hija del que fue presidente del Tribunal de Orden Público Jaime Mariscal de Gante. Y es precisamente la señora Mariscal la que actúa como ponente en el tema de la consulta del 9-N en Catalunya, con pretensiones de embargar los bienes del president Artur Mas y de las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. En cuanto a Manuel Aznar López, sólo hay que decir que es hermano del ex presidente José María Aznar y que en la etapa anterior era subdirector adjunto de la asesoría jurídica del Tribunal.
  • Ya en el 2015 el Tribunal de Cuentas de Europa criticó en un informe la abundante cifra de altos cargos elegidos a dedo en su homólogo español, la ausencia de un plan estratégico para su gestión y la necesidad de reducir la percepción de politización del órgano.
  • Buen pedigrí tiene también la señora María José de la Fuente, sobrina del ex ministro franquista Licinio de la Fuente, que tiene también a dos hijas trabajando en la institución.
  • Desde otro punto de vista, el Tribunal de Cuentas es un geriátrico dorado, en el que los partidos políticos colocan a sus “viejas glorias”, asegurándoles una graciosa jubilación. Por ejemplo, el que fue presidente del Tribunal durante diez años (Manuel Núñez) recibió al jubilarse una “pensión compensatoria” de 211.000 euros.
  • La guinda catalana entre los consejeros es Lluís Armet, ex conseller de Política Territorial con Tarradellas, militante socialista histórico, que se ha ido desplazando desde un vago nacionalismo catalán a un pragmatismo de “cull llogat”.

 Y éste es el “Tribunal” (por llamarlo de alguna manera) que se ha puesto diligentemente en marcha para frenar el proceso de independencia de Catalunya. Ha sido el último en incorporarse al pelotón de “acoso y derribo”.

¡ Juzgue usted mismo !

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