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Crece tensión en España ante referendo secesionista en Cataluña

El gobierno español advirtió hoy que responderá con todo el peso de la ley a la campaña para el referéndum de autodeterminación en Cataluña, cuyo arranque está previsto este jueves por las autoridades regionales.

En declaraciones al canal privado Telecinco, la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que todos los actos relacionados con la polémica consulta secesionista del 1 de octubre están prohibidos por la justicia del país europeo.

‘Los particulares y las autoridades saben que no pueden ceder espacios ni poner publicidad de ningún acto preparatorio’, enfatizó Sáenz de Santamaría.

La vicemandataria no aclaró, sin embargo, si la administración conservadora de Mariano Rajoy contempla alguna actuación concreta para impedir la inauguración esta noche de la campaña por el sí, a cargo del presidente catalán, Carles Puigdemont.

Señaló que todo el mundo, incluidos los más de 900 alcaldes de esa comunidad autónoma, tiene claro que no se puede colaborar con un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

‘No pueden pretender saltarse la ley y que no tenga consecuencias’, remarcó, tras insistir en la ilegalidad de ese escrutinio, con el que el gobierno separatista de Cataluña quiere proclamar un Estado soberano en esa región española de 7,5 millones de habitantes.

El pistoletazo de salida de la campaña por el sí, que dará inicio a dos semanas de tensión, tendrá por escenario la antigua plaza de toros de Tarragona, segunda capital de provincia más poblada de la región con un fuerte rechazo al independentismo.

Además de Puigdemont, participarán en el acto su vicepresidente, Oriol Junqueras, y representantes de los principales partidos y asociaciones partidarias de la ruptura de Cataluña con esta nación ibérica.

Las instituciones españolas estrecharon el cerco contra una consulta que consideran inconstitucional.

En una decisión censurada incluso por algunos partidos contrarios al referendo, la Fiscalía General del Estado ordenó citar a los más de 700 alcaldes catalanes que quieren cooperar en el referéndum y detenerlos si no se presentan.

También presentó una querella contra todo el ejecutivo regional y ordenó a las policías que operan en la región incautar urnas, sobres y papeletas electorales, propaganda o cualquier otro material relacionado con la votación del 1 de octubre.

PL

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