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La Fiscalía se querella contra los presidentes de AMI y ACM por organizar el 1-O

La Fiscalía ha presentado una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover y organizar el referéndum del 1-O, a través de los alcaldes.

La querella, que se ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pide al juez que, como medidas cautelares, ordene el cierre de las páginas web de ambas organizaciones municipalistas, fije una fianza a ambos políticos y dirija un oficio a los alcaldes para que “impartan las instrucciones precisas” en aras a impedir la celebración del referéndum, prohibiendo la colocación de carteles y retirando los que ya estén colgados.

Igual que a los miembros del gobierno catalán, la Fiscalía acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación por llevar a cabo “actos inequívocos de promoción y organización” de un referéndum “inconstitucional”.

Para la Fiscalía, ambos alcaldes son “perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, de la advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización de una consulta como la del 1-O “implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas”.

Pese a ello, añade el ministerio público, apenas minutos después de que se aprobara el decreto de convocatoria del referéndum, ambos querellados enviaron una comunicación desde la cuenta de la AMI dirigida a los alcaldes en que les pedían que informaran de la disponibilidad de locales para el 1-O, adjuntando un modelo de decreto para que expresaran su apoyo al mismo.

Un vez el Constitucional había difundido públicamente su decisión de advertir a los cargos públicos de la suspensión del referéndum, Lloveras remitió un nuevo correo electrónico, según la Fiscalía, en que les hacía llegar un informe del grupo SITxCAT (secretarios interventores y tesoreros por la independencia) que defendía la legalidad del proceso electoral.

En ese informe, añade la Fiscalía, “no se duda en afirmar que se debe interpretar que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley, de manera que su incumplimiento no supone infracción penal alguna”.

“Con esa retorcida tesis se pretende conceder una supuesta cobertura jurídica a los actos encaminados a la promoción, organización y celebración” del referéndum, denuncia la Fiscalía, que añade que “esa rocambolesca teoría se adentra en el núcleo mismo de lo que se conoce como ignorancia jurídica deliberada, pero que también puede considerarse como un mero espejismo jurídico o simplemente colocarse intencionadamente fuera de la realidad”.

La querella sostiene también que el pasado martes los acusados, “con su ilícito proceder”, enviaron otro correo electrónico a los alcaldes informándoles de que la campaña del referéndum comenzaría el 14 de septiembre y poniendo a su disposición carteles informativos sobre el 1-O.

Además, según la Fiscalía, en las páginas web de la AMI y de la ACM “se hace una pública y manifiesta defensa de la promoción, organización y celebración del referéndum secesionista” y se difunde la lista de ayuntamientos “adheridos a este proceso inconstitucional”.

Para el ministerio público, ambos querellados, como responsables públicos municipales y máximos responsables de sus respectivas asociaciones, “han puesto de manifiesto su total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional”.

En su querella, la Fiscalía acusa también a Lloveras y Buch de “utilizar las plataformas AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes” a promover el 1-O, “dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales, y comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva”.

En opinión del ministerio público, ambos políticos han contribuido a la organización de un referéndum “que pretende socavar todo el orden constitucional, promoviendo un proceso de secesión de Cataluña respecto al resto del Estado, en abierta contradicción con la Constitución Española que, paradójicamente, es la garantía última del propio funcionamiento de las instituciones de Cataluña”.

Entre otras medidas cautelares, la Fiscalía solicita el cierre de las web de AMI y AMC, que a su parecer están “dando una apariencia de cobertura legal y de normalidad a la celebración de un referéndum secesionista”, y que, en el caso de que sus servidores estén alojados fuera de España, se bloquee su acceso.

El ministerio público también pide que se oficie a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos para que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum, interviniendo urnas, sobres electorales y cualquier impreso o elemento informático para la votación.

efe

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