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La inversión se congela y los recortes se cronifican mientras la Lomce sigue en vigor

CCOO denuncia que el Partido Popular mantiene unas políticas educativas que consolidan la desigualdad entre el alumnado ante el inmovilismo impuesto por la Subcomisión de Educación para el Pacto Educativo.

Han pasado nueve años desde el inicio de una crisis económica que se ha caracterizado por un importante recorte en las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación, especialmente en la equidad del gasto público que lo sustenta y en los derechos del profesorado y del conjunto de quienes trabajamos en este sector. Coincidiendo con la salida de la crisis, en nuestro informe de comienzo de curso hacemos balance de los datos disponibles –de 2009 a 2015–, centrándonos en la inversión educativa; el gasto público en los programas cuyos objetivos se sitúan más cercanos de la atención a la diversidad; el programa de becas; y la evolución del empleo.

Tras el análisis de estos indicadores, podemos concluir que la crisis económica ha sido pagada con un recorte sustancial de los fondos con los que se garantizan derechos sociales como el educativo y que esta reducción del gasto público ha venido acompañada por otros fenómenos relevantes:

Una disminución de los ingresos públicos, vía desgravaciones fiscales a las rentas más altas, incluyendo desgravaciones por gastos educativos realizados fundamentalmente por familias adineradas en centros privados.

En el gasto, los recortes no han afectado a todas las partidas por igual, sino que han sido las más compensadoras, es decir, las destinadas a becas y ayudas, a la atención a la diversidad, etc., las más castigadas. Con ello se quiebra el principio de igualdad de oportunidades, negándosela a los que tienen que ejercer el derecho a la educación desde una situación socioeconómica más desventajosa.

En 2015, siete años después de iniciada la crisis y cuando se nos anunciaba la salida de esta, puede afirmarse que la reducción de las partidas más compensadoras y favorecedoras de la equidad no son una mera consecuencia no deseada de los recortes, sino una propuesta premeditada: ha habido dinero para la ampliación de los conciertos y para las desgravaciones, por ejemplo, pero no para becas ni para la atención a la diversidad.

En 2015, todavía se gastó un 13,2 % menos que en 2009, aunque ya en ese año y en 2014 se frenó el descenso en el gasto y se inició una leve recuperación. En porcentaje del PIB destinado a gasto público educativo (excluidos los capítulos financieros), se ha pasado del 4,95 % de 2009 al 4,29 % de 2014 (el porcentaje más bajo), para remontar sólo dos centésimas en 2015 hasta el 4,31 %. Para 2016, la previsión del MECD en su informe “Datos y cifras de 2016/17” era continuar aumentando el gasto por tercer año consecutivo, hasta los 47.425,3 millones de euros (excluidos capítulos financieros). Esto supondría retroceder en 2016 al 4,26 % (datos INE), con un PIB que se aproxima mucho al de 2008, el más alto alcanzado. Es decir, en 2016, con un PIB similar al de 2008, se mantiene un sustancial recorte en el gasto público educativo. Pareciera que el Gobierno del PP quisiese avanzar en el objetivo comprometido con la UE de situar el porcentaje de gasto público educativo por debajo del 4 %.

Esta situación de recorte se produce mientras que el gasto en conciertos ya rebasó, en 2015, el nivel y cuantías de 2009; el total del gasto está aún (en 2015) 13,3 puntos porcentuales por debajo de lo gastado en 2009; y la red pública, en los cursos de la crisis, ha ganado peso en el conjunto de la escolarización. Todo un ejemplo de inequidad en la asignación del gasto público educativo.

Además, este recorte que se mantiene en 2015 tiene las siguientes peculiaridades:

No ha afectado por igual a todas las administraciones (central, autonómica y local) ni –dentro de las autonómicas– a todas las comunidades autónomas; Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia han sido las que más han disminuido el gasto público educativo en los niveles previos a la universidad.

Tampoco ha afectado por igual a todos los programas educativos. Los conciertos se han mantenido al margen del ajuste o han crecido en algunas CCAA. Los recortes han afectado claramente a los programas más compensadores, a los que buscan la mayor equidad, los que tienen la finalidad de atender la diversidad del alumnado, etc.

Además, quien más ha reducido sus aportaciones a estos programas es quien más tenía que haber apostado por ellos: el Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad constitucional de regular los aspectos básicos del derecho a la educación y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de este derecho.

La pérdida de financiación y responsabilidad de las corporaciones locales en la educación supone una reducción de su papel compensador.

Las CCAA –pero no todas por igual– también reducen sus aportaciones a estos programas, aunque globalmente en menor medida que el MECD. El ejercicio de las competencias educativas y su cercanía a quienes ejercen el derecho a la educación suponen un freno a políticas no equitativas como las que, desde cierta distancia, ejerce el Ministerio de Educación. Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia aparecen como las autonomías que más han descuidado la recuperación de los programas más compensadores, de manera que en 2015 no llegaban, ni en el mejor de los casos, al 80 % de los gastado en 2009.

La ausencia de recuperación del gasto público educativo y particularmente del destinado a los programas más compensadores ha continuado en 2016, manteniéndose hasta 2017.

En cuanto al empleo, por séptimo año consecutivo el curso 2017/2018 empieza con menos plantilla que respecto a 2010. En total, CCOO estima que el sistema educativo público cuenta con en torno a 20.000 docentes menos, lo que evidencia la consolidación en el tiempo de los recortes.

La aplicación de la tasa de reposición ha aumentado el número de personal interino en la educación pública, situándose por encima del 26 %, lo que supone que uno de cada cuatro docentes es temporal. La precariedad es incluso más alta entre el Personal de apoyo en centros educativos y de servicios complementarios, con tasas de interinidad que en algunas comunidades, como Euskadi, alcanzan el 50 %.

En total, respecto a 2011 se han destruido 56.272 empleos docentes fijos, un 13,21 % de la plantilla funcionaria. Durante el mismo periodo, el personal temporal ha aumentado en 49.981 personas, un 62,44 % respecto a 2011. La realidad es que las plantillas de profesorado tienen condiciones laborales más precarias y sufren mayor temporalidad. El Ministerio de Educación tiene registrados 35.775 contratos a jornada parcial, que en muchos casos pueden ser de un cuarto de jornada.

A la vista de la evolución de los datos sobre empleo, así como de los efectos que siguen causando los Reales Decretos 14/2012 y 20/2012, se puede afirmar que la recuperación económica que se anuncia desde el Gobierno no está llegando al sistema educativo. La derogación de esta normativa y la negociación de un plan de empleo se hacen imprescindibles para revertir los recortes.

La firma del Acuerdo para la mejora del empleo público en marzo de 2017 abre la posibilidad de estabilizar y consolidar las plantillas. Para que esto se haga efectivo tiene que activarse la negociación colectiva por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Según las estimaciones de CCOO, el cumplimiento del acuerdo llevaría a convocar una oferta de empleo público docente de 151.227 plazas para reducir el personal temporal al 8 %, a las que habría que sumar las correspondientes al Personal de apoyo en centros educativos y de servicios complementarios que reclama el sindicato.

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