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La Fiscalía investigará “delitos de odio” en la expulsión de policías de hoteles catalanes

La Fiscalía de Barcelona investigará por “delitos de odio” la expulsión de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por parte de varios hoteles catalanes.

Este martes el hotel El Bruc pidió a los 50 agentes de la Guardia Civil que abandonasen las instalaciones y el lunes el Hotel Vila de Calella expulsó a más de 100 agentes de sus habitaciones apelando al derecho de admisión y a raíz de los disturbios producidos por la madrugada por los agentes y la violencia policial durante el domingo.

Antes, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, comunicó que ninguno de sus agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados en Cataluña abandonará los hoteles en los que se encuentran alojados pese a las protestas frente a los recintos.

“La Policía Nacional y la Guardia Civil no abandonarán ningún hotel en Cataluña donde haya un contrato en vigor”, dijo en rueda de prensa Zoido tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para analizar la situación.

Miles de ciudadanos en múltiples puntos de la geografía catalana protagonizaron en los últimos días concentraciones frente a los hoteles donde se alojan los agentes desplazados a Cataluña.

Según medios locales, ha habido concentraciones en Calella, Pineda de Mar, Reus, Igualada, Figueres y la Seu d’Urgell, donde los bomberos estacionaron un vehículo e hicieron sonar las alarmas.

La jornada electoral se saldó con 893 personas atendidas por los médicos debido a agresión policial, según el Departamento de Salud catalán; por su parte, el Ministerio del Interior de España menciona que hay 431 agentes heridos.

El pasado domingo tuvo lugar un referéndum de autodeterminación en Cataluña convocado de manera unilateral por el Gobierno catalán, una consulta que se celebró pese a que el Tribunal Constitucional de España la había declarado ilegal.

En esa votación participaron 2,2 millones de personas, de las que un 90 por ciento optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorga el derecho de constituir una nueva república independiente.

El Gobierno central, en cambio, no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.

Sputnik Novosti

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