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Álvaro Arzú y la Caja de Pandora en Guatemala

La solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, aviva hoy el debate político en Guatemala, donde el caso Caja de Pandora vuelve a poner sobre el tapete la corrupción que corroe a las instituciones públicas.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acaparan primeras planas de periódicos y noticiarios, al presentar en conferencia de prensa los hilos de una enredada madeja que involucra a Arzú en un presunto delito de utilización de fondos de la municipalidad en el proceso electoral de 2015.

Según los titulares del MP, Thelma Aldana, y de la Cicig, Iván Velázquez, las pesquisas identificaron la existencia de una relación entre el expresidente (1996-2000) y el asesinado capitán del Ejército Byron Lima que facilitó la sustracción de recursos económicos para destinarlos a la propaganda política del partido Unionista dos años atrás.

La apertura de la llamada Caja de Pandora contó con la colaboración de Alejandra Reyes, expareja de Lima, precisó Aldana, quien confirmó la detención de al menos 11 personas vinculadas al caso, entre ellas Luis Alberto Lima, hermano del excapitán, y el abogado Moisés Galindo, exdefensor de Byron.

De acuerdo con las pruebas aportadas el jueves último, uno de los principales contratistas de la Cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima, era la Municipalidad de Guatemala y el negocio funcionaba en el centro carcelario Pavón, donde el exmilitar guardaba prisión y fue asesinado en julio de 2016.

Ante las preguntas de la prensa, el titular de la Cicig aclaró que la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del partido Unionista y de otros que en alianza con este participaron en las elecciones de 2015, pudiera constituir un delito en la medida que avancen las investigaciones.

Byron Lima y Alejandra Reyes, esposa del excapitán, ‘vendieron artículos promocionales adelantados para varios candidatos y partidos políticos para la campaña de 2015, y eso se pudo corroborar con interceptaciones telefónicas’, explicó Velázquez.

El expediente de 145 páginas detalla que Lima y personas cercanas a él suministraron esos bienes y servicios pagados con dinero de la Municipalidad de Guatemala a través del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, es decir, con recursos públicos’, detalló el comisionado.

Facturas en blanco y plazas fantasmas en la sede capitalina aparecen también como pruebas que apuntan hacia los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito, argumentó la Cicig.

El alcalde capitalino irrumpió sorpresivamente en la sala donde se realizaba la conferencia de prensa y visiblemente enojado escuchó los argumentos del MP y la Cicig, a quienes acusa de ‘pasarle factura por defender al presidente Jimmy Morales e impedir un nuevo golpe de Estado en Guatemala’.

Arzú volvió a arremeter contra Velázquez en un improvisado mitin en las afueras de la Municipalidad, donde llamó a la ciudadanía a no dejarse someter por extranjeros, en clara referencia al mandato del colombiano que encabeza el órgano independiente con aval de Naciones Unidas.

‘Apoyo al presidente declarándolo non grato y yo lo declaro non grato en la ciudad de Guatemala y que se largue de aquí’, dijo en tono bien irrespetuoso.

La frase llevó de inmediato a los guatemaltecos a recordar los convulsos días de finales de agosto y septiembre últimos, cuando Morales exigió la expulsión de Velázquez después de que este presentara una solicitud de antejuicio para investigarlo por presunto financiamiento ilícito.

La Corte de Constitucionalidad zanjó definitivamente el controvertido episodio al dejar sin efecto la petición del jefe de Estado, quien el 11 de septiembre se sometió al veredicto de un Congreso que decidió arroparlo en una votación llamada por la ciudadanía ‘pacto de corruptos’.

‘Me tiene sin cuidado el antejuicio… Nos esperan luchas fuertes y yo voy a ir a la cabeza de ustedes’, advirtió Arzú en forma prepotente.

La Caja de Pandora está abierta y nuevamente figuras importantes de la vida pública alimentan la polémica en una Guatemala convulsa por cíclicas crisis de gobierno que, como las lluvias del invierno, no cesan de salpicar.

 

PL

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