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La juez volverá a citar al jefe de los Mossos tras la presentación de más pruebas de la fiscalía

La Audiencia Nacional volverá a citar a declarar al mayor de los Mossos d‘Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a otros tres investigados por un presunto delito de sedición durante las protestas previas al referéndum catalán del 1-O, después de que la Fiscalía aportara nuevas pruebas que podrían apuntar a más delitos, dijeron el viernes fuentes judiciales.

Trapero, la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y los presidentes de las entidades independentistas Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana estaban citados el viernes a declarar ante la juez Carmen Lamela como investigados en relación con las protestas en Barcelona por una operación policial contra la organización del referéndum, que no fue autorizado por la justicia.

La juez investiga la actuación de los Mossos d‘Esquadra durante los incidentes registrados los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron en Barcelona para protestar por las detenciones de varios altos cargos catalanes, en unos hechos en los que fueron atacados tres vehículos de la Guardia Civil.

La magistrada entiende que las conductas podrían encajar en el artículo 544 del Código Penal sobre sedición, que sanciona el “alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que en el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional comunicó el mismo viernes a las partes que desde esta mañana contaba con un nuevo atestado policial “que puede resultar trascendente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación a los cuatro investigados”, por lo que solicitó a la juez que suspendiera las declaraciones.

Lamela siguió adelante con la toma de declaraciones, pero a la vista de las nuevas pruebas volverá a citar a declarar en unos días a los investigados, tras lo cual decidirá si impone medidas cautelares, dijeron fuentes judiciales.

Las últimas pruebas aportadas por la Fiscalía podrían incluir nuevos delitos y hechos producidos en los días posteriores al 20 de septiembre, agregaron las fuentes.

DECLARACIÓN EN MADRID

El máximo responsable de los Mossos entró en el tribunal con sede en Madrid vestido de uniforme y acompañado de otros dos agentes de la policía catalana hacia las 8:30 horas de la mañana.

En su declaración, que duró más de una hora, Trapero afirmó que los Mossos “no fueron avisados ​​con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo, lo que obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias”, según un comunicado de la policía autonómica.

“La confianza que el Mayor ha transmitido a la hora de explicar el dispositivo policial reafirma el convencimiento de que se tomaron las medidas adecuadas en función de los acontecimientos de aquel momento”, agregó el texto.

La declaración del máximo responsable de los Mossos se produce en medio de la polémica sobre la actuación del cuerpo los días previos y durante la celebración del referéndum del pasado domingo, que se llevó a cabo pese a estar paralizado por el Tribunal Constitucional.

MÁXIMA EXPECTACIÓN

La llegada de los investigados estuvo rodeada de gran expectación de los medios de comunicación, y la policía montó un perímetro de seguridad alrededor de la entrada de la Audiencia, detrás de la cual se concentraban periodistas y diputados.

La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, convocada igualmente por la juez Lamela, no asistió a la Audiencia Nacional por “cuestiones médicas”, según la policía catalana.

Minutos después de Trapero llegaron al tribunal los presidentes de las entidades independentistas Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente, que fueron recibidos entre aplausos de varios diputados de ERC, PDeCAT y En Comú Podem.

“Creo que el día 20 de septiembre hubo una movilización pacífica, cívica, y en ningún momento en los ánimos de los convocantes y de los manifestantes estaba nada de lo que la Fiscalía pretende poner en entredicho”, dijo Sánchez, que sólo contestó a las preguntas de su defensa, a periodistas.

Cuixart, que se acogió a su derecho a no declarar porque dijo no reconocer la competencia del tribunal, declaró a periodistas que “estamos convencidos de que más pronto que tarde el Estado español tendrá que sentarse en la mesa de diálogo a hablar con la Generalitat”.

Ignacio Claver, un abogado de 42 años que estaba en una calle adyacente a la Audiencia, dijo que Trapero debería abandonar su cargo por incumplir su responsabilidad como funcionario de asegurar el bienestar de los ciudadanos.

“Esta situación es una locura, un desvarío, un sinsentido. Veo arreglo político a corto plazo, pero arreglo social en la sociedad catalana por lo menos en los próximos 20 años no”, dijo a Reuters.

Reuters

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