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El reto de la contratación pública responsable

El Ayuntamiento de Madrid celebra unas jornadas sobre la trascendencia de los contratos del sector público en la vida de la ciudadanía, en el marco de la nueva Ley estatal.

  • Carlos Sánchez Mato ha inaugurado las jornadas, que reúnen durante dos días a más de 250 responsables políticos, personas expertas y especialistas en la materia.
  • El Ayuntamiento es pionero en la introducción de cláusulas sociales y desde el principio de este mandato aplica los objetivos de las directivas de la UE en su contratación. La compra pública municipal, más de 1.800 millones de euros en 2016, es una herramienta fundamental de transformación.
  • La contratación pública responsable aplica políticas transversales de cohesión social, protección del medio ambiente, innovación, comercio justo y accesibilidad a las pymes.

El Ayuntamiento de Madrid destinó el pasado año más de 1.800 millones de euros en sus contratos, una cifra que constata la incidencia de esta herramienta sobre cómo se contrata desde el sector público y cómo incide esto en la ciudadanía. Pionero en la introducción de cláusulas sociales en la contratación, el Consistorio de Madrid lleva dos años y medio apostando de manera decidida por una política de contratación pública enfocada a la cohesión social, la protección del medio ambiente, la innovación, el comercio justo y la accesibilidad de las pymes.  Bajo el marco de la nueva legislación estatal en esta materia, el Ayuntamiento ha organizado las “Jornadas sobre Contratación Pública Responsable: las entidades locales ante la Ley de Contratos del Sector Público”.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha inaugurado hoy este encuentro, que reúne durante dos días a más de 250 responsables políticos, expertos, técnicos y funcionarios de las tres Administraciones.

La reciente aprobación en octubre pasado de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, después de un año y medio de demora, tiene una especial trascendencia, ha dicho Sánchez Mato, puesto que la contratación pública responsable puede conllevar una mejora palpable en el bienestar de la ciudadanía y representa una verdadera oportunidad de transformación. “El marco de la nueva Ley, va a permitir apoyar y avanzar en políticas públicas locales que beneficien a las ciudades y sus habitantes. Pero es imprescindible el impulso político para su adecuado desarrollo”.

La ley transpone la cuarta generación de directivas europeas sobre contratación pública y fue ratificada con un amplio consenso: de las 1.081 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto inicial se recogieron 975.

Incidencia en las entidades locales

Sánchez Mato ha moderado la primera mesa redonda del día, “Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: su incidencia en las entidades locales”, en la que han participado la diputada María Auxiliadora Honorato, el delegado de Servicios Centrales del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Aurora Jhardi.

Los tres han recalcado la trascendencia de la nueva ley y cada uno, desde sus responsabilidades, ha puesto el acento en cuestiones como la prohibición de contratar por cuestiones de vulneración de la igualdad de género, apuntada por la diputada María Auxiliadora Honorato.

Especialmente simbólico fue, para el delegado de Servicios Centrales del Ayuntamiento de Valencia, el día que comenzaron a funcionar las máquinas de vending con café de comercio justo. Sergi Campillo ha subrayado, además, que hoy las ciudades lideran estos cambios y ha apostado por impulsar el municipalismo, las redes municipales.

La teniente de alcalde de Palma de Mallorca, por su parte, ha incidido en la necesidad de erradicar la corrupción en la contratación pública, así como en la introducción de cláusulas sociales en este municipio, que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La transformación en la contratación pública desde el Ayuntamiento

El Consistorio, desde el principio del actual mandato, se adelantó a la aprobación de la nueva norma aplicando los objetivos transversales de las directivas comunitarias. Así, en septiembre del 2015 modificó la instrucción sobre contención de gasto para transformar la relevancia del precio como criterio de adjudicación en las licitaciones municipales. Y en 2016 aprobó instrucciones de contratación sobre clausulas sociales, avaladas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Madrid.

También se han aprobado cláusulas éticas de comercio justo, de reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se ha apostado por la aplicación práctica del novedoso principio de integridad en contratación: se publican los contratos menores, las incidencias, las memorias anuales de registro de contratos; en definitiva, se dan pasos para hacer cada vez más accesible y transparente la información del Ayuntamiento.

Contratación pública, contratación responsable

La contratación de las Administraciones Públicas supone en el ámbito europeo alrededor del 20% del PIB y del 18 % del PIB en el Estado español. Esto implica  una poderosa capacidad de compra y herramienta de transformación de la sociedad y de la economía a través de la contratación pública.

Sánchez Mato ha explicado que las directivas europeas incluyen la apuesta por la contratación pública responsable para ejecutar políticas transversales, en alusión a los objetivos de la Estrategia Europea 2020 hacia un crecimiento inteligentecon el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, un crecimiento sostenible con la promoción de una contratación más respetuosa con el medio ambiente, e integradorque luche contra la pobreza y avance hacia la cohesión económica y social.

Se trata de cambiar la forma de contratar desde el sector público –ha declarado el delegado- para dar más estabilidad al empleo; mejorar las condiciones laborales, incluidas las retributivas; ir hacia una igualdad de género; hacia una accesibilidad universal; mejorar la formación y capacitación profesional; la conciliación familiar; proteger el medio ambiente; y respetar los derechos humanos.

 

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