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Procesamiento por caso AMIA viola estado de Derecho dice expresidenta argentina

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) señaló que su procesamiento dictado este jueves a raíz del Memorándum con Irán que impulsó durante su gestión para avanzar en la investigación del atentado a la institución judía AMIA en 1994, vulnera el Estado de derecho del país.

“Las medidas violan el estado de derecho y la democracia”, señaló la exmandataria y actual senadora en una rueda de prensa desde el Congreso.

El Memorándum firmado en 2013 entre su Gobierno y el del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad fue una herramienta “de política exterior no judiciable” aprobado por el Congreso argentino que no entró en vigor.

“Es una causa inventada sobre hechos que no sucedieron”, sentenció la exmandataria.

La senadora, que asumirá efectivamente su cargo el próximo lunes, recordó que la causa judicial que investiga el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) se prolongó durante 23 años sin ningún detenido.

En ese sentido, el Memorándum con Irán, que no entró en vigor porque no fue ratificado por el Parlamento iraní y además luego fue declarado inconstitucional por la actual gestión, pretendía “favorecer que se pudiera tomar declaración indagatoria a los acusados en el marco del derecho internacional en la convención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la de Viena en cuanto a tratados internacionales”, sostuvo.

La ex jefa de Estado aseguró que su procesamiento, a 72 horas de asumir como senadora, es un intento de disciplinamiento para “bajarle el precio” y tenerla amenazada con un posible desafuero.

A continuación Fernández de Kirchner se preguntó por qué el juez Bonadío, que dictó la retirada de fueros parlamentarios y su posterior prisión preventiva no tomó estas medidas durante los dos años anteriores, cuando no tenía fueros parlamentarios ni ostentaba ningún cargo público.

El magistrado la acusó de encubrimiento y traición a la patria, y la Corte Suprema habilitó en agosto la investigación por estas acusaciones en virtud de la denuncia en su contra que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

TRAICIÓN A LA PATRIA

Al ser abogada de profesión, la senadora explicó que la figura de traición a la patria “sólo puede producirse si Argentina se encontrara en guerra”.

De este modo, Bonadio “asimila dos atentados terroristas, el de la AMIA y el de la Embajada (de Israel de 1992) a atentados de guerra”.

“Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa, en la que aceptó un total de cuatro preguntas, la exmandataria reiteró que “no hay causa, Bonadío lo sabe, y el presidente lo sabe”.

En su fallo judicial, el juez consideró que “de continuar en libertad”, la ex jefa de Estado podría “entorpecer el accionar judicial, así como el descubrimiento de la verdad y la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria”.

Las mismas acusaciones de entorpecer la investigación han motivado los procesamientos y las detenciones preventivas del secretario legal y técnico del Gobierno entre 2003 y 2015, Carlos Zannini, el dirigente sindical Luis D’Elía, y el referente de la comunidad islámica Jorge “Yussuf” Khalil, quienes ya han sido arrestados durante el curso de la jornada.

También han sido procesados el exjefe de la agrupación política Quebracho, Fernando Esteche, que se entregará a la justicia, y quien fuera ministro de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2015, Héctor Timerman, sobre el que se dictó prisión domiciliaria por estar enfermo.

El pedido del magistrado para desaforar a Fernández de Kirchner, que asumió como senadora el pasado 29 de noviembre, será trasladado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que tiene 180 días para tramitar el requerimiento judicial.

CASO NISMAN

El fiscal fallecido Alberto Nisman, quien entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del ataque a la AMIA, fue quien dio origen a esta causa a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de aparecer sin vida en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.

En esa denuncia acusaba a la entonces presidenta de “encubrimiento” y “traición a la patria”.

El juez federal Daniel Rafecas había rechazado en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.

A finales de diciembre del año pasado, después de que apelara una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.

Sputnik Novosti

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