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Unidos Podemos plantea que el Congreso cambie sus contratos de energía desde las empresas del oligopolio hacia las que la suministran cien por cien verde y basadas en la economía social

Alberto Garzón firma la iniciativa registrada con el objetivo de que la Cámara Baja declare “su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios”, actuación que se encuadra en la campaña lanzada en noviembre bajo el nombre de ‘Cambia de Bando’

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa parlamentaria con una importante carga simbólica en el contexto de la polémica gestión de oferta y de tarifas del mercado de la energía por parte de las grandes compañías del sector y del Gobierno del PP. La proposición no de ley de esta formación que firma su portavoz parlamentario, Alberto Garzón, plantea que el Congreso de los Diputados declare “su compromiso de primar la electricidad cien por cien verde cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios”.

IU encuadra esta actuación concreta, como otras en similar sentido que lleva a cabo en el conjunto del Estado, dentro de su campaña denominada ‘Cambia de Bando’, lanzada a comienzos del pasado mes de noviembre. La responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, explica que lo que se persigue “no es sólo conseguir la sensibilización de la sociedad, de nuestra militancia  y simpatizantes”, sino “promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social” y que suministran energía cien por cien verde.

La iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida completa su parte propositiva planteando que la Cámara Baja reconozca “el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo en nuestro país para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental”.

Alberto Garzón explica con claridad los objetivos de la iniciativa que firma al indicar que “cualquier nuevo patrón energético debe contar con el sector público como palanca de cambio, pero también con la implicación ciudadana y la de sus instituciones democráticas, por ejemplo, con acciones que permitan desconectarse de las comercializadoras del oligopolio. Sería un gesto que, sin suponer en sí mismo un cambio del modelo en su conjunto, permite introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético”.

“Lo que aquí se propone -detalla- es que el Congreso de los Diputados valore la migración de sus instalaciones desde las comercializadoras del oligopolio hacia las comercializadoras pequeñas, aquellas que suministran energía cien por cien verde y cuya organización empresarial se basa en la economía social”.

El portavoz parlamentario de IU plasma también en la explicación de la iniciativa la idea de que “el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo. Éste ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta. Este nuevo modelo habría de equilibrar mercado y Estado, situando como propios los intereses de la mayoría social, la creación de empleo estable y de calidad, así como un desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental”.

Considera que “el modelo energético actual está acabando con la vida del planeta y poniendo en riesgo a toda la humanidad, por lo que la acción política en esta materia resulta prioritaria”.

Para Garzón, “el caso de España resulta especialmente paradigmático porque su modelo energético se sustenta de forma notable en el uso de los combustibles fósiles, con la complejidad que acarrea para un territorio que no los produce y, por lo tanto, es totalmente dependiente de su importación”.

“A esta situación de vulnerabilidad económica permanente -añade- se le une una organización estatal del mercado eléctrico basada en el control del sector por parte de un oligopolio, que encuentra la complicidad permanente de los sucesivos gobiernos que promueven legislaciones para favorecer y reforzar sus intereses, todo ello en absoluto detrimento del interés general”.

“El modelo energético en España -apostilla Alberto Garzón- se aleja de su carácter de servicio público y obstaculiza su consideración como derecho fundamental y, por lo tanto, de acceso universal”.

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