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Uruguay actualiza y promulga Ley Integral contra el Lavado de Activos

El gobierno uruguayo promulgó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, luego de su actualización y aprobación a finales de diciembre pasado por el Parlamento, informó hoy una fuente oficial.

Daniel Espinosa, director de la secretaría nacional para la lucha contra esos ilícitos, declaró que a la normativa le fueron incorporados otros delitos a fin de ponerla a tono a la evolución permanente del crimen organizado en el país y en el mundo.

A la nueva ley, que aún le falta definir su reglamentación para ser aplicada y entrará en vigor en el primer semestre del actual año, le fueron incorporados el sicariato, defraudación fiscal, tributaria y aduanera contra el Estado, hurto, rapiña, copamiento, abigeato, así como la figura del ‘sujeto obligado’.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional, Espinosa afirmó que si el país quiere combatir de forma eficaz estos delitos se requiere actualizar las herramientas disponibles.

Explicó que se incorporaron delitos precedentes como la defraudación fiscal, la cual no era parte del lavado, pero en la normativa internacional estaba prevista su introducción desde 2012.

Sobre los llamados ‘sujetos obligados’, el funcionario señaló que esta modalidad delictiva incluye a proveedores de servicios societarios y fideicomisos, asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones en general, contadores públicos y abogados que realicen determinadas operaciones.

Espinosa apuntó que con la nueva reglamentación se tipificó también el autolavado, por lo que las personas podrán ser condenadas por robo y lavado si la operación supera los 10 mil dólares.

Otras inclusiones en la ley están referidas a las prohibiciones en cargos públicos como los de presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, senadores y diputados, directores de secretarías, entre otros cargos políticos y de particular confianza.

Estos individuos no podrán ser accionistas, beneficiarios finales ni tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público, indicó la fuente.

Adelantó que en el transcurso de este año debe ser aprobado otro proyecto vinculado al terrorismo y su financiamiento, el cual se encuentra en estudio en el Parlamento.

‘Uruguay estará cumpliendo a cabalidad con los estándares internacionales’, de ser sancionado este proyecto, afirmó.

PL

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