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Investigación de corrupción a favor del PRI al centro del debate en México

Una investigación judicial sobre supuesta malversación de fondos públicos para las campañas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México se colocó en el centro del debate público, dijo el jueves a Sputnik la integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta.

“La corrupción por el desvío de fondos públicos federales a las campañas del PRI, y la impunidad que la permite, se ha colocado en el centro del proceso electoral”, para elegir en julio próximo presidente, Congreso y autoridades locales, dijo la experimentada defensora de derechos civiles.

Una investigación revelada el 8 de enero pasado por el gobernador del estado de Chihuahua (norte), Javier Corral, quien derrotó al PRI en 2016, detectó el desvío de más de 1.200 millones de pesos (más de 60 millones de dólares) durante la administración del exgobernador priista de ese estado, César Duarte, prófugo de la justicia, y la triangulación de recursos federales a través de “empresas fantasma” para fines electorales.

Aunque el caso había comenzado a develarse por investigaciones periodísticas, “esta es la primera vez que se presenta una investigación seria y completa de una fiscalía independiente”, celebró Acosta.

“Es un importante precedente”, explicó, porque involucra a responsables provinciales y federales de Finanzas y a un funcionario de alto nivel del partido gobernante, el veterano Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido presidente del PRI, presidente del Senado y líder de las bancadas oficialistas en las dos cámaras del Congreso.

Beltrones ya acudió al amparo de la justicia para evitar detenciones, interrogatorios y conocer si hay un expediente en su contra.

No obstante, el caso pone de manifiesto “graves limitaciones, como la pasividad de la Procuraduría General de la República, que no ha querido emprender el proceso de extradición desde EEUU”, donde se encuentra Duarte, a pesar de unas 10 órdenes de arresto emitidas por la fiscalía de Chihuahua.

La investigación es “un proceso que está muy bien documentado judicialmente y la Procuraduría General no actúa por falta de interés de las instituciones federales, lo que muestra que no es una entidad autónoma independiente”, lamentó Acosta, integrante ciudadana del SNA.

CONTROVERSIA CON EL PRESIDENTE

En ese marco fue presentada otra denuncia del gobernador de Chihuahua, luego de que, tras los arrestos de una docena de exfuncionarios de Duarte, la Secretaría Federal de Finanzas incumplió la transferencia de fondos públicos a ese estado gobernado por un opositor al partido del presidente Enrique Peña Nieto.

“Se trata de una retaliación política, a pesar de que ha sido negada por el presidente Peña Nieto y el actual secretario de Hacienda”, José Antonio González Anaya, dijo Acosta.

Según el gobernador Corral, el alto funcionario federal de Finanzas le dijo que la investigación sobre el peculado a favor del PRI “podría afectar esta transferencia de fondos públicos a su estado, versión que ha sido replicada con una explicación técnica muy endeble” por el Gobierno de Peña Nieto, dijo Acosta.

Con la reglas del sistema anticorrupción puesto en marcha en 2016, “en un mundo ideal, ante esta investigación del fuero común en la jurisdicción de Chihuahua, debería actuar el Comité Coordinador del SNA (que articula a las máximas autoridades judiciales y federales encargadas de combatir la corrupción), porque el caso involucra la malversación de fondos público federales”, observó.

La corrupción con fondos públicos para la educación, que se trasladaron a las campañas del PRI, según documentos y testimonios, “obliga a una clara competencia de la Auditoría Superior de la Federación”, planteó Acosta.

Además, debe intervenir la Secretaría de la Función Pública (órgano del Poder Ejecutivo) “para saber qué pasó con esos fondos federales”, e imponer sanciones administrativas o penales, explicó.

Sobre la posibilidad de superar la actual fragilidad institucional en México, Acosta observó que el Comité Coordinador del SNA se reunirá el 15 de enero, “pero en el contexto actual, por falta de voluntad política, es difícil que se ventile el caso o que se investigue a profundidad”.

Así, el caso podría quedar impune, a pesar del inédito apoyo del Comité de Participación Ciudadana del SNA al gobernador de Chihuahua, con base en las funciones que establece la Constitución.

“Pero este caso va servir como ariete para incrementar la vigilancia en el proceso electoral, para que operen las instituciones y fiscalías federales sobre delitos electorales”, puntualizó.

El candidato oficialista José Antonio Meade acusó al gobernador Corral de torturar al funcionario del Finanzas del anterior gobierno del PRI en Chihuahua que reveló la trama, lo que fue desmentido por Corral.

“La intención de llevar el caso al plano electoral es descalificar la investigación de la fiscalía de Chihuahua, que realizó un impecable procesamiento penal”, respondió Acosta.

El mecanismo corruptor es similar al practicado por los exgobernadores del PRI en Veracruz (sur), Javier Duarte, y en Quintana Roo (sudeste), Roberto Borge, procesados y encarcelados luego del que su partido perdiera las elecciones en julio de 2016.

Esos tres casos “fueron ejecutados con un mismo modus operandi, han puesto el dedo en el renglón del financiamiento ilegal de las campañas”, puntualizó la responsable del SNA.

Sputnik

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