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La cruda realidad de la pena de muerte en EEUU

EEUU es el único país desarrollado en Occidente que continúa aplicando la pena de muerte. Aunque el número de ejecuciones anuales viene en caída cada año desde la década de los 90, sigue siendo un recurso polémico por sus implicaciones éticas. Sputnik te acerca una radiografía de esta realidad.

La pena capital es fruto de polémicas en varios países del mundo. En sitios donde ha sido abolida hace décadas —y, en ocasiones, hace más de un siglo—, existen colectivos que proponen re instaurarla. Los sectores más críticos apuntan a las estadísticas, que ponen en cuestión su efectividad para reducir el crimen.

En todo caso, lejos está de generar consensos en el mundo desarrollado. Prueba de ello es la situación de EEUU, un país que prevé la pena de muerte a escala federal y en 31 de sus 50 estados. En algunos donde está vigente, su aplicación está suspendida. La medida ha regido durante buena parte de la historia del país, excepto entre 1972 y 1976, cuando dejó de aplicarse por un fallo de la Suprema Corte.

La situación actual de la pena de muerte

A partir del año del Bicentenario de EEUU (1976), han sido 1.466 las personas ejecutadas por los departamentos correccionales estatales o federales: 1.291 con inyección letal, 158 electrocutados, 11 asfixiados en cámaras de gas, tres ahorcados y tres fusilados, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

En la actualidad hay 2.817 personas condenadas a muerte —52 de ellas mujeres— esperando que el fallo judicial se concrete. La mayoría de jurisdicciones en las que se aplica castigan los homicidios agravados.

Actualmente, las ejecuciones se dan prácticamente en su totalidad a través de la inyección letal. En algunos casos, se utiliza un protocolo con tres drogas: un anestésico o sedante, un paralizante y luego una sustancia que detiene el corazón del condenado.

Otros estados proceden a la utilización de una alta dosis de un sedante, según el DPIC. Muchas de las farmacéuticas que fabrican estas sustancias se han pronunciado en contra de su utilización o incluso han tomado medidas para evitar que esto suceda.

Desde 1976 a 1998, el número de sentencias a muerte y ejecuciones aumentó drásticamente año a año. En 1999, hubo un pico de 98 ejecutados y 279 fallos con esa pena. En 2017, hubo 39 tribunales que dictaron pena capital y 23 ejecutados.

​Según datos de Amnistía Internacional, en 2016 EEUU fue el único país de las Américas en proceder a la pena de muerte en 20 ocasiones, menos de un tercio de las de 1997 (74) y prácticamente la mitad de las de 2007 (42).

¿Cuán efectiva es la pena de muerte para evitar homicidios?

El sur de EEUU es la región que más personas sentencia a muerte y ejecuta. En los últimos 42 años, de 1.466 personas, 1.196 murieron en establecimientos penales de esa región, casi un 80% del total. Dos estados concentran casi la mitad de todas las ejecuciones: Texas y Oklahoma, con 658. En números relativos, son las dos unidades federativas con mayor número de estos episodios per cápita.

Sin embargo, desde la criminología existen dudas sobre el efecto disuasor de la pena capital: de acuerdo con datos del FBI, el sur es la zona del país con mayor tasa de homicidios, con 6,5 casos cada 100.000 personas. El noreste, que suma menos del 1% de las ejecuciones, tiene un número de 3,5 cada 100.000.

El DPIC cita también un estudio realizado entre académicos de criminología en el país: un 88% considera que las ejecuciones no sirven para bajar el número de homicidios. Un 5% opina que sí son útiles y el 7% restante no tiene opinión formada.

California es el estado con más personas en el corredor de la muerte, con 746 personas en esa situación. Sin embargo, desde 2006 no ha aplicado esa pena. En el estado, hubo intentos de eliminarla a través del voto popular, pero no alcanzó el apoyo de la población.

El sesgo racial en la pena de muerte

Como en otros asuntos que conciernen a la Justicia en EEUU, las tensiones raciales atraviesan a la aplicación de la pena capital. Según el DPIC, en los casos de personas ejecutadas por homicidios interraciales, hay 287 casos en los que el agresor era afroamericano y la víctima blanca, frente a apenas 20 en los que sucedía a la inversa.

Un 42% de quienes están en el corredor de la muerte son blancos, seguidos por un 41% de afroamericanos, un 13% de latinos y un 3% de otros orígenes raciales. En comparación, según el censo de 2010 de EEUU, un 72,4% de la población es blanca y un 12,6% afroamericana.

Entre los 1.466 ejecutados, 817 eran blancos, un 55,7%. Los negros fueron el 34,3% (503), los latinos el 8,3% (122) y las otras razas un 1,6% (24). Las víctimas de los casos en la abrumadora mayoría (76%) eran blancas, 15% afroamericanas y 7% latinas.

“Casi un 75% de las víctimas de homicidio que resultaron en una ejecución eran blancas, incluso si a nivel nacional solo 50% de las víctimas generalmente lo son”, según el observatorio DPIC.

La entidad cita estudios de juristas que indican, por ejemplo, que en el Estado de Washington “los jueces son tres veces más propensos a dictar la pena de muerte a un imputado afroamericano que a uno blanco en un caso similar”.

En Luisiana, “las chances de una sentencia de muerte son 97% más altas para aquellos cuya víctima era blanca” en comparación con las víctimas negras.

En California, los condenados por asesinar a personas blancas “son tres veces más propensas a ser condenadas a muerte que las que mataron a negros y cuatro veces más que quienes mataron a latinos”.

¿Cuántos estadounidenses apoyan la pena de muerte?

Según una encuesta de Gallup, en 2017 un 55% de los estadounidenses se manifiestan a favor de la aplicación de la pena de muerte para los asesinos condenados. Quienes se oponen representan un 41% de la población.

La agencia de opinión pública mide este indicador desde 1936 y el nivel de apoyo del año pasado es el menor desde 1972, cuando un 50% de los estadounidenses expresaron su beneplácito a quitar la vida a los homicidas.

Entre los demócratas, 39% dan su visto bueno; en los republicanos este número asciende al 72% y se ubica en el 58% entre los independientes. Un 51% cree que la pena capital se aplica de manera justa sin sesgos raciales o socioeconómicos; un 43% opina lo contrario.

 

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