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Barcelona se presentará contra la Policía española por las cargas en el referéndum catalán

El Ayuntamiento de Barcelona se presentará como acusación popular en todas las causas abiertas contra los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles durante el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

El anuncio lo realizó este 2 de febrero el teniente de alcalde Jaume Asens, quien describió la decisión como “coherente” con la política del consistorio encabezado por Ada Colau.

Fuentes municipales precisan que se trata en concreto de 27 procesos judiciales y unas 400 denuncias contra la Policía Nacional y la Guardia Civil por las cargas frente a los puntos de votación durante la jornada electoral.

Asens calificó aquel día como “uno de los episodios más negros de nuestra historia” y, dirigiéndose al Ejecutivo español, dijo que “un Estado democrático de derecho no puede cerrar en falso episodios tan dramáticos como los vividos el 1 de octubre”.

Además, consideró que la Fiscalía actúa “bajo los intereses” del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Ante la ausencia de la Generalitat legítima tenemos la obligación de llenar este vacío”, añadió en referencia a la intervención de la administración autonómica a cargo del Gobierno central.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.

Sputnik

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