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El recurso del Parlamento catalán contra la intervención desde Madrid es admitido

El Tribunal Constitucional de España admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por cual el Gobierno central intervino las instituciones catalanas.

“El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña”, informó el órgano a través de un comunicado.

La presentación de este recurso fue adoptada por la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña el pasado 27 de diciembre.

En opinión de la mayoría independentista, la actuación del Gobierno central sobrepasó los límites establecidos en la Constitución española para la aplicación del 155.

“De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat (Ejecutivo catalán) y disolverse el Parlament”, afirmó entonces Lluís Corominas, portavoz de la lista independentista unitaria Junts Pel Sí.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, activó el artículo 155 a finales de octubre, después de que el Ejecutivo catalán convocase un referéndum de autodeterminación y, en base a sus resultados —declarados nulos por el Tribunal Constitucional— el Parlamento autonómico proclamase una república independiente.

El 155 fue utilizado por Rajoy para, entre otras cosas, cesar al Gobierno catalán, disolver el Parlamento autonómico y convocar las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que el independentismo volvió a conseguir la mayoría absoluta en escaños.

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, reza, de manera literal, el artículo en cuestión.

La polémica sobre la legalidad de las medidas adoptadas por Rajoy se debe, en parte, a que no existen precedentes sobre la aplicación de este artículo, por lo que no hay antecedentes que fijen de manera clara hasta dónde puede llegar la intervención de Madrid.

La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad no supone anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal Constitucional resolverá una vez que esté concluso el proceso.

Sputnik

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