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Juzgado un mecánico catalán por negarse a reparar el automóvil de un policía español

Un tribunal de Reus, en la provincia de Tarragona, juzga este miércoles a un mecánico que se negó a atender a una agente de la Policía Nacional española.

Los sucesos ocurrieron el pasado 21 de enero, cuando Jordi Perelló, mecánico propietario de un taller de reparación de automóviles en el municipio catalán, se negó a reparar el auto particular de una agente de la Policía Nacional.

El denunciado, que ha declarado esta mañana ante el tribunal, está acusado de un delito de odio.

Según Perelló, su taller es generalista y no está sujeto a ninguna marca ni concesionario, por lo que le ampara la normativa que regula la actividad industrial y de prestación de servicios del sector.

Perelló relató en la cadena de radio RAC1 que se negó a reparar el auto de la mujer cuando se enteró de que su propietaria pertenecía a la Policía Nacional, y que lo hizo “por principios” y en protesta por las cargas policiales durante la jornada del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre.

“Al cabo de 30 segundos recibí una llamada de su marido que me dice: “eres un mierdas, te partiré la cara”, me colgó (…) pero al cabo de un cuarto de hora vino el señor a mi taller y me llamó racista, decía que yo fomentaba el odio y que no me partía la cara porque mira…”, aseguró Perelló en la radio.

Cuando una patrulla de los Mossos d’Esquadra (Policía catalana) se presentó al taller, el marido de la agente de policía denunció a Perelló por delito de odio y discriminación.

La familia del mecánico ha denunciado además a los medios que recibe regularmente amenazas e insultos en las redes sociales y por teléfono.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.

Un 92 por ciento de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.

Sputnik

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