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Ex diputada catalana declara ante el Tribunal Supremo por el referéndum catalán

La ex diputada catalana Mireya Boya declara ante el Tribunal Supremo español por su implicación en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Boya ha llegado esta mañana a Madrid acompañada por simpatizantes y militantes de su partido, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que se han trasladado hasta la capital en autobús.

La exparlamentaria ha recibido también numerosas muestras de solidaridad del resto de partidos y plataformas independentistas.

Boya ya ha adelantado a los medios que no acatará la Constitución Española y defenderá la “legitimidad y la legalidad democrática” de las decisiones que se tomaron desde la convocatoria del referendo hasta la declaración unilateral de independencia ante el juez instructor de la causa general, Pablo Llarena.

Si el magistrado así lo decide, podría ordenar prisión preventiva para la exdiputada independentista.

El también diputado de la CUP durante la pasada legislatura Benet Salellas calificó de “venganza” el proceso judicial contra los independentistas.

“Lo que hoy ocurrirá en el Tribunal Supremo no es un acto de justicia, es un acto que se tiene que leer en clave de venganza y humillación al pueblo de Cataluña”, afirmó en declaraciones al programa Els Matins de Catalunya Ràdio.

Los diputados de la CUP que acompañaron a Boya denunciaron la “maquinaria antidemocrática” que, a su juicio, constituye la Justicia española.

“Constatamos que el Estado español es una maquinaria antidemocrática que quiere atemorizar al movimiento republicano”, aseguró la diputada Natàlia Sànchez a la prensa frente a las puertas del Supremo.

Y agregó que “con toda la determinación les decimos que no tenemos miedo”.

“Ante la represión y la demofobia de un Estado autoritario, nos mantenemos organizados, movilizados y determinados en la defensa de los derechos políticos y civiles de todo un pueblo y seguimos trabajando firmemente para alcanzar una República catalana de derechos y libertades”, escribió en su cuenta de Twitter Maria Sirvent, diputada de la CUP.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptarun referendo pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, además la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.

Sputnik

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