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Amnistía cuestiona a Perú por problemas de tierras y falta de acceso al agua de indígenas

La organización Amnistía Internacional criticó en su informe anual 2017 que Perú haya rebajado los requisitos ambientales y facilitado el acceso a la tierra para incentivar proyectos empresariales en contra de proteger los derechos de los indígenas, y que no les facilite acceso al agua potable y atención médica.

“Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado”, indica el trabajo de la organización internacional.

El informe agrega que los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto (noreste), y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco (sureste), seguían padeciendo en 2017 “una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos”.

Además, “el Gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo”, señala.

En junio de 2014 hubo un derrame de petróleo por una fuga en el Oleoducto Norperuano en la quebrada de Cuninico.

El 19 y el 20 de febrero, representantes del Gobierno y de las comunidades indígenas de las cinco cuencas de Loreto (Marañón, Chambira, Corrientes, Tigres y Pastaza) se reunieron para evaluar los avances del acta de Saramurillo, firmada en 2016.

Ese documento establece, entre otros temas, que el Gobierno realice trabajos en el mejoramiento de la estructura del Oleoducto Norperuano, la compensación a las comunidades por los derrames de petróleo y la solución a la contaminación petrolera.

El 20 de febrero, con la presencia de la primera ministra Mercedes Aráoz, las partes acordaron la conformación de un grupo de trabajo encargado de realizar la implementación y el seguimiento de los compromisos de Saramurillo que están en proceso, informó el medio local La Mula.

Amnistía Internacional también afirma que en Perú “no se hicieron progresos significativos en el caso de cuatro líderes indígenas asháninka a los que mataron en 2014, en la región de Ucayali (centro-este), tras haber denunciado ante las autoridades amenazas de muerte de madereros ilegales”.

Cuatro indígenas asháninka murieron a principios de septiembre de 2014 asesinados por madereros ilegales en Ucayali, confirmó la entonces viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena, publicó el diario local El Comercio.

Violencia contra las mujeres

Asimismo, Amnistía advierte en su informe sobre el aumento en la violencia contra las mujeres y los índices de embarazo en niñas, sin que haya una respuesta eficaz del Estado.

Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 17.182 denuncias de “delitos contra la libertad sexual”, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual, indica el informe.

“El Poder Judicial solamente hizo un seguimiento de 2.008 (un 11%) de esas denuncias”, agrega Amnistía.

Además, hace referencia a que el indulto y gracia concedidos por el Gobierno el 24 de diciembre pasado por razones humanitarias al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) “causaron honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso”.

Debido al perdón Fujimori cumplió solo 12 de los 25 años de prisión por asesinatos, desapariciones, secuestros y corrupción cometidos durante su mandato.

Sputnik

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